CIUDAD MÉXICO
La Fiscalía General de Veracruz libró una orden de aprehensión en contra de Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, por un daño patrimonial que asciende a más de 112 de millones de pesos.
De acuerdo con el fiscal, Jorge Winckler, Karime Macías desvió recursos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz para pagar contratos de compra-venta de por lo menos seis empresas fantasmas.
Esto, explicaron, para la adquisición, presuntamente, de equipo médico, sistemas de purificación de agua, sistemas de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrodomésticos, entre otros.
“Hasta el día de hoy se cuentan con datos de prueba contundentes que acreditan un daño patrimonial al DIF y al gobierno de Veracruz, por un monto mayor a los 112 millones de pesos, aunque quiero ser preciso que se no es el total del daño causado, mismo que podría determinarse con tal precisión en etapa procesal correspondiente ya que la investigación continúa”, indicó
Además, de acuerdo con las autoridades locales, pedirán a la Procuraduría General de la República emitir una ficha roja en contra de la sospechosa para su captura.
DUARTE, VINCULADO A PROCESO
El pasado 20 de mayo el juez de control, Júpiter López, determinó la vinculación a proceso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de peculado, tráfico de influencias, e incumplimiento del deber legal.
De esta forma el juzgador del Tribulan Superior de Justicia de la Ciudad de México permitió, tanto al Ministerio Público, como a la defensa de Duarte de Ochoa, continuar con las investigaciones por transferencias irregulares disfrazadas de préstamos por 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz.
También por no realizar la entrega recepción de la administración Veracruzana a Flavino Ríos, así como usar sus influencias para trasladarse en el helicóptero oficial.
“Se decreta vincular a proceso a Javier Duarte de Ochoa por tres hechos que la ley recoge como delito. No estoy diciendo si es culpable o no. Los efectos son para que las partes sigan investigando los datos de prueba aportados por la Fiscalía”, resolvió el Juez.
Para las indagatorias, el juez López Ruiz otorgó un plazo de seis meses para concluirlas, el cual vencerá en noviembre próximo.
