Uno de los ejes de la alta criminalidad en Oaxaca en los últimos tiempos es la impunidad. Los homicidios dolosos, los feminicidios y otros delitos no se investigan. Quedan sólo como dato o número para las estadísticas. Es impresionante el rezago que existe en la Fiscalía General del Estado, motivado básicamente, por la falta de personal para dicha tarea. Sólo los feminicidios contabilizados en lo que va de la actual administración suman cerca de 170. Si a ello se agregan los que quedaron pendientes de resolver vemos que las autoridades han quedado rebasadas por dicho ilícito. Hace unos días comentamos que sólo en la primera semana de mayo se cometieron 35 ejecuciones, una cifra preocupante si se parte de la premisa de que Oaxaca –como lo ha dicho el gobernador Alejandro Murat- vive en paz. Está por demás decir que solamente en la semana anterior, cinco mujeres fueron asesinadas y nadie dice nada, pues todo el mundo se encoge de hombros. He ahí el por qué la exigencia de los deudos y familiares de las víctimas exigen a las autoridades agilizar las investigaciones a fin de que a la brevedad, se tengan indicios y se puede proceder legalmente en contra de los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.
Lo grave es que ahora, con el nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial, muchas de las veces por un error en la integración de la carpeta de investigación, los delincuentes salen libres y vuelven a delinquir. Es bastante benévolo para los responsables de crímenes no así para aquellos que cometen delitos menores. Quien puede pagar una buena defensa legal es cosa sólo de tiempo. El resto lo hacen los abogados que con sólo buscar errores e inconsistencias logran la libertad de sus clientes. A ello hay que agregar el otorgamiento de amparos que, a juicio subjetivo de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, se dan a granel para evitar que quien lo solicite pueda ser llevado ante los órganos de justicia. Del catálogo de crímenes que se han cometido en lo que va del año, tenemos la certeza de que no han sido consignados los responsables ni siquiera en un 5%. Uno de los factores es la falta de recursos públicos destinados que la Fiscalía General del Estado cumpla en verdad con su cometido. Es decir, en el rubro de los homicidios dolosos y ejecuciones cometidas en nuestra entidad, la impunidad campea.
Onerosa e improductiva
Hace unos días fue cancelada de manera anormal la comparecencia del Secretario de Finanzas del gobierno estatal, Jorge Gallardo Casas, programada para el 15 de mayo ante el pleno de la LXIII Legislatura. La demanda de algunos legisladores era que explicara las causas de la pobreza administrativa que arrastra el Poder Ejecutivo estatal y, sobre todo, el destino de los 1 mil 200 millones de pesos que pidió en préstamo la actual administración, para paliar los efectos de los sismos que devastaron al menos 43 municipios del Istmo de Tehuantepec, en septiembre del año pasado. Había pues en el tintero muchas preguntas y cuestionamientos para el funcionario, sin embargo, la comparecencia fue cancelada –no siquiera diferida- por esas artimañas en las que están bien avezados nuestros legisladores, sobre todo emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El argumento fue que no había quorum, que algo tendría de razón en virtud de la parálisis legislativa que se observa hoy en día, pues en su afán de reelegirse o buscar otro cargo de elección popular, nuestros legisladores (as) de los diversos partidos, han abandonado prácticamente su responsabilidad. Pero siguen cobrando sus emolumentos.
Para nadie es un secreto que desde la LXI Legislatura del Estado, la nuestra ha sido una de las más onerosas e improductivas a nivel nacional. Sólo en la LXII Legislatura el costo anual fue mayor a los 600 millones de pesos, sólo para satisfacer la ambición de algunos que se sirvieron con la cuchara grande. La corrupción en dicho órgano ha sido escandaloso, pues no obstante ser quienes aprueban leyes o instrumentos para rendir cuentas, las legislatura son las más renuentes y opacas. Con el ardid de que son ellos quienes aprueban o desaprueban normas y reglamentos, ellos jamás rinden cuentas y defienden a capa y espada sus espacios de discrecionalidad. Ello no se habrá de superar en la siguiente si se parte de la premisa de que varios de los actuales están apuntados para repetir, esta vez por tres años. Es necesario pues poner sobre la mesa la improductividad legislativa y la sangría que representa para el erario público. Se entiende pues que una comparecencia pueda ser cancelada sin más cuando se trata de ocultar anomalías y desvíos. Los legisladores son cómplices de esas irregularidades, pues ellos mismos están en el ajo de los negocios.
