Desde que fue designado Fiscal Anticorrupción, el joven abogado Jorge Emilio Iruegas, sólo hemos escuchado de él declaraciones y más declaraciones en torno a hechos y quejas respecto a la situación de la Fiscalía. Se han hecho evidentes en los últimos días sus diferencias con el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos que, a juicio de muchos oaxaqueños, boga contra corriente en un mar infestado de intereses y riesgos institucionales, además de un presupuesto precario. Lejos de apegarse a la institucionalidad el funcionario aludido insiste en hacer declaraciones públicas sobre temas que la misma Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, tipifica como “reservada”. No pueden hacerse públicos temas como procesos judiciales, integración de carpetas de investigación u otras cuestiones que tengan que ver con juicios penales o civiles. Como es de todos ya conocido, al menos cuatro ex funcionarios de primer nivel del gobierno de Gabino Cué han sido detenidos y tres permanecen en prisión. La semana pasada le fue concedida libertad condicional al ex titular de la Secretaría de Finanzas, Gerardo Cajiga, luego de que le fueron otorgadas medidas cautelares a raíz de una mala integración del expediente respectivo y otros vacíos legales.
Si en lugar de hacer declaraciones, el Fiscal Anticorrupción se pusiera a trabajar y no dejar que la duda de una mala actuación lo ponga en la mira de la crítica, otra cosa sería. Y es que según ha trascendido, al menos dos de los ex funcionarios que están privados de su libertad, estarían prácticamente con un pie fuera de prisión. Ello implica –de nueva cuenta- que hizo falta un trabajo profesional para poder acreditar los elementos de juicio necesarios para que el juez pueda mantenerlos en prisión. La idea es que más que seguir mostrando ante los medios, una y otra vez, las diferencias irreconciliables con el Fiscal, lo que debería hacer el equipo anticorrupción es mostrar profesionalismo para lograr sentencia en los ex funcionarios corruptos y no dejarlos en simple proceso para que al final del día puedan ser liberados. Porque en el fondo de todo se observa un pésimo trabajo legal y una supina ignorancia respecto al uso de los instrumentos de tipo penal para acreditar la responsabilidad en los delitos de que se acusa a los citados ex funcionarios. Si seguimos así, sólo se mostrará que la impunidad sigue campeando en Oaxaca y que los corruptos podrán disfrutar del dinero mal habido sin que nadie los moleste.
Padres de familia: Enérgica postura
Los maestros se han cebado sobre la sociedad oaxaqueña y han afectado a la educación pública, gracias a tres factores importantes: la complicidad del gobierno estatal en turno, la abulia de los presidentes municipales y la apatía de los padres y madres de familia. Hay comunidades en donde ya no se les permite el regreso a las escuelas que cierran por problemas de paros, huelgas o suspensiones. Los padres, conscientes del daño que hacen a sus hijos, han emplazado a los mentores a no suspender labores por cualquier balandronada. Ese fenómeno se ha dado incluso en centros escolares cercanos a la ciudad, no obstante que grupos radicales enquistados en el Cártel 22, han tratado de penetrar por la fuerza. En otros casos han optado porque sean maestros de la Sección 59 los que sustituyan a los faltistas de la 22, sin embargo, aquí han sido las autoridades quienes han fallado, pues en ese nudo de complicidades que se han tejido con el Cártel, han optado por batear materialmente a los de la otra sección. Hay que recordar que fue en el gobierno de Ulises Ruiz cuando se creó la citada Sección magisterial y su propósito fue pulverizar la membresía de la 22. Pero no fue posible ante la amenaza permanente con acciones terroristas de la última.
Por el lado que quiera verse, si padres y madres de familia operan conjuntamente con las autoridades municipales en la atomizada nomenclatura oaxaqueña, no hay duda que los maestros evitarán seguir como hasta hoy, operando con absoluta impunidad. No hay que olvidar que existe una acción perversa de parte de los grupos que se mueven al interior, para maquillar supuestas demandas como la mesa de diálogo o la abrogación de la Reforma Educativa, para operar en el ámbito electoral. Eso todo mundo lo sabe. El magisterio es sicario de los procesos electorales. No le importa la educación, menos la calidad de la misma. Hoy es el candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador a quien le interesa catapultar. Lamentablemente es la victimización perpetua y el estrabismo en organismos que dicen defender los derechos humanos, lo que ha permitido este tipo de barbaridades y ofensas a la paz pública. La Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE) debe documentar la amenaza del magisterio para evitar o inducir el sufragio en la jornada electoral, encubierta en un paro de labores. Hay que actuar en contra de los sicarios electorales.
