Luego de ser sentenciado a 40 años de prisión por el homicidio de Heriberto Pazos Ortiz, Roberto Cárdenas Rosas, indígena originario de la comunidad triqui de San Miguel Copala, ha denunciado una serie de irregularidades cometidas en la investigación, desde pruebas falsificadas por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hasta violaciones al debido proceso.
A través de su abogado defensor, Martín Aragón Martínez, Cárdenas denunció que juez primero de lo penal del distrito judicial centro, Alba Osorio Velasco, ha actuado por consigna política, con una investigación plagada de anomalías.
El homicidio de Heriberto Pazos Ortiz ocurrió el 23 de octubre de 2010 en la agencia municipal de Cinco Señores, donde a bordo de una motocicleta dos sujetos se acercaron a la camioneta donde viajaba el líder histórico del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Uno de los sujetos abrió fuego y Pazos Ortiz murió inmediatamente.
Presionado por manifestaciones multitudinarias del MULT, el gobierno de Gabino Cué fabricó un caso en el que resultó implicado Cárdenas Rosas, quien se había opuesto a que grupos paramilitares ingresaran a San Miguel Copala.
La juez primero de lo penal consignó la averiguación previa a partir de una línea de investigación que ha sido desacreditada por la defensa del imputado. De acuerdo con el expediente penal, el 17 de septiembre de 2014 una llamada telefónica realizada desde el penal del Miahuatlán de Porfirio Díaz reveló que el homicidio de Pazos Ortiz fue planeado en una reunión el 10 de mayo de 2010 en una celda de la prisión central de Ixcotel.
En dicha reunión, habrían participado el presidente del comité de presos de Ixcotel, Gerardo Pérez Camacho alias “El Calamar”, José Merced Campaña Quiroz, alias “El Campaña”, Juliantino García Ramírez, Reynaldo Martínez Álvarez, Rufino Juárez Hernández y Roberto Cárdenas Rosas.
Días después, el 28 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) anunció la detención de los seis supuestos implicados. De acuerdo con Aragón Martínez, sobre la llamada telefónica, que fue tomada como una de las pruebas principales para inculpar a Cárdenas, se descubrieron diversas irregularidades.
Primero, que aunque su autoría fue adjudicada a Gerardo Pérez Camacho, alias “El Calamar”, interno entonces en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, esta se realizó fuera de dicho reclusorio, a una distancia aproximada de dos o tres cuadras.
De igual forma, la Procuraduría fue incapaz de comprobar la realización de la supuesta reunión en Ixcotel. “La entonces Procuraduría General del Estado falseó diversos documentos, entre ellos un libro de registro de entradas y salidas”, señala el abogado. Al solicitar las imágenes del sistema de videovigilancia del penal de Ixcotel, se comprobó que éstas habían desaparecido.
Entre otras violaciones graves al debido proceso se encuentra que el cadáver de Pazos Ortiz no se le realizó la necropsia médica que exige la ley en todo caso de homicidio doloso.
15 años en prisión
Cárdenas se encuentra en prisión desde el 14 de enero de 2003, cuando fue trasladado al penal de Santa María Ixcotel, sujeto al proceso penal 57/2002 como presunto responsable del homicidio de Ignacio Salázar Ramos y Juventino Quiroz Cruz, registrado en San Miguel Copala el 10 de junio de 2002.
En esa fecha, Cárdenas se encontraba autoexiliado en la ciudad de Oaxaca trabajando como albañil. El día en que ocurrieron los homicidios, sostuvo una reunión con funcionarios de la Procuraduría de Defensa del Indígena, como se encuentra acreditado en el expediente penal 57/2002. De este caso se ha ordenado en dos momentos la reposición del proceso.
En esa ocasión, durante su traslado e internamiento en el penal de Miahuatlán fue víctima de tortura por parte de policías estatales. Las agresiones físicas que sufrió derivaron en lesiones en los testículos por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en 2016. Aunque la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca conoce el caso, hasta ahora no ha emitido ninguna recomendación por los hechos de tortura ni por las anomalías registradas en la investigación de los casos en los que se implica a Cárdenas.
“Hay una consigna política, pero todavía guardo la esperanza de que se haga justicia y de que quienes cometieron los hechos paguen por lo que hicieron, sean castigados conforme a la ley, sin embargo yo no veo voluntad política, se está castigando a personas inocentes”, señaló Aragón Martínez.
