La semana pasada, la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entregó el gobierno de Alejandro Murat un pliego de peticiones. Algunas de sus demandas están por completo fuera de lugar como es el caso de la abrogación de los artículos que le dan vida a la Reforma Educativa. Hay que recordar que dicha reforma ha sido un fiasco en Oaxaca, además de que, desde su inicio en 2012, ha sido la principal bandera del citado gremio para desquiciar la gobernabilidad y la paz social en Oaxaca. Otra de las demandas es la abrogación de la Ley Estatal de Educación, que fue el marco jurídico que se exigió a los Congresos estatales para armonizar la referida reforma en todo el país. Se trata desde luego de una ley cuya cancelación no es competencia del ejecutivo, sino del Congreso. Como es de todos sabido, el también llamado Cártel 22 se salió por la tangente en materia de mejoramiento de la calidad de la educación, y sus radicales asesores se sacaron de la manga el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), que a juicio de investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que lo analizaron desde sus orígenes, era más bien un plan de adoctrinamiento social que un programa educativo.
Aquello que los dirigentes del magisterio local, vinculados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), simulan no saber, es que desde que la multicitada reforma su aprobada y la nómina magisterial está bajo control de la Federación, todo aquello que tenga que ver con demandas y exigencias laborales o salariales, está bajo la potestad de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En pocas palabras: ya no se puede negociar como antaño y en doble vía. Porque aún siendo disidencia y en rechazo al “charrismo sindical del SNTE”, el llamado Cártel 22 se ha beneficiado de los logros obtenidos a nivel central con el SNTE, quien tiene la firma del contrato colectivo de trabajo, pero en paralelo siempre ha tratado de obtener prebendas y dádivas; beneficios y regalías de parte del gobierno estatal. Una de sus más apremiantes medidas de presión actualmente y he ahí el por qué están haciendo el caldo de cultivo para el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, es que asumen que una vez que el tabasqueño triunfe, les devolverá el control que durante 23 años tuvieron del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Grupos criminales: Indiscutible presencia
Desde los últimos años del gobierno de Gabino Cué, motivado –según las autoridades por el llamado “efecto cucaracha”- la región de la Cuenca del Papaloapan se empezó a contaminar con la presencia indiscutible –aunque lo nieguen la Secretaría de Seguridad Pública estatal- del crimen organizado. La zona limítrofe con Veracruz se convirtió en una tierra de nadie. Desde esa fecha hasta hoy, las ejecuciones, balaceras en pleno centro de la ciudad de Tuxtepec o Loma Bonita, a plena luz del día, entre otros ilícitos, se convirtió en la escena cotidiana. Los muertos se cuentan por cientos y los videos de ejecuciones se han difundido en redes sociales, dando lugar no sólo al morbo popular, sino a infundir temor entre la ciudadanía, dada la crueldad animal de algunos de los sicarios. Los hechos están a la vista, pero lejos de asumirlo así, las áreas del gobierno de Alejandro Murat parecen no haber visto la realidad sino de una forma torcida. El Fiscal General del Estado, ha reconocido la presencia del crimen organizado, cuestión que ha sido negada de manera reiterada por la SSPO. Empero, más allá de diferencia de visiones de la realidad, el asunto es que las huellas criminales las tenemos todo el tiempo.
Hace un par de meses trascendió el paso por Loma Bonita, de un comando armado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades negaron la especie. La semana pasada un video corrió por las redes sociales dando cuenta de la presencia de una célula de dicho cártel criminal, amenazando al presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Adán Maciel Sosa, a su hermano y a su policía municipal. Al día siguiente corrieron por las redes, comunicados de un presunto grupo criminal en el que lanzan amenazan en contra de candidatos y autoridades en funciones. No hay que olvidar que está presente la desaparición de seis jóvenes originarios de Tlaxcala, cuyos vehículos fueron encontrados calcinados en límites con Veracruz y hay un diferendo con el gobierno de dicho estado, respecto al lugar en que los jóvenes desaparecieron. Sin duda alguna, la ciudadanía de la Cuenca ha aplaudido la presencia de un numeroso contingente del Ejército Mexicano para dar seguridad, pues ya parece que esta rica región oaxaqueña ya es propiedad de los grupos criminales. No es posible que esta basura siga apropiándose de nuestros espacios de civilidad y paz social.
