El miércoles pasado se dio un hecho en verdad deleznable, la muestra clara de que Oaxaca es un pueblo sin ley: un grupo de vecinos de Santo Domingo Teojomulco, distrito de Sola de Vega, famoso por aquel pasaje sangriento de la historia moderna: el asesinato de 26 comuneros de Santiago Textitlán en el paraje “Agua Fría”, perpetrado por vecinos de la ranchería “Las Huertas” de dicho municipio, llegó a Ciudad Judicial y cerró los accesos. El meollo del asunto –nos informaron después- es que en 2013, dos vecinos de dicha comunidad fueron aprehendidos y consignados al penal de Santa María Ixcotel. Tomando como referencia el reciente caso del médico que fue liberado gracias a la presión de sus colegas, los vecinos de Teojomulco quisieron emularlo y en la asamblea del pasado domingo en su comunidad, acordaron exigir al Tribunal Superior de Justicia del Estado, resultado sobre el ofrecimiento de ese año, de revisar el expediente. Se trataba pues, de un asunto particular que derivó en el secuestro de cientos de hombres y mujeres; madres y padres de familia, que laboran en dicho complejo administrativo. Ante la negativa de las autoridades para atenderlos, justamente por la presión a la que han estado sometidos en los últimos días, los violentos vecinos de Teojomulco negaron la salida de los empleados.
Como si fuera parte de una escena de película, madres que familia que tenían que recoger a sus pequeños (as) en la guardería tuvieron que emplear los canales de aguas negras para escapar de su cautiverio, a todas luces innecesario e injusto, habida cuenta de que se trata de empleados (as) que no tienen capacidad de decidir. Cuando los comuneros se dieron cuenta de la ruta de escape, prendieron fuego a la maleza para evitar la fuga. La intervención de áreas del ejecutivo movió a los inconformes –se dice que manipulados por dos candidatos de MORENA a cargos de elección popular- a acceder a liberar a las mujeres, las cuales, como si fueran rehenes que se liberan de sus captores, salieron en fila india de su cautiverio. Hubo empleados heridos y destrozos. Al interior de las oficinas de Ciudad Judicial se encontraban –se confirmó- funcionarios del Banco Mundial, los cuales hicieron cuanto fue necesario para poder salir sin haber tenido éxito. Por el lado que quiera verse, esta situación amerita medidas punitivas en contra de los instigadores de estos hechos. En Oaxaca, desde hace mucho, hemos dicho ¡Basta!, a la impunidad.
Moto-taxis: Reto a la ley
Desde que el gobierno de Ulises Ruiz, por ahí de 2008 autorizó la circulación y las concesiones para el uso de moto-taxis en el servicio público, más por clientela política que por necesidad, siempre advertimos el gravísimo riesgo de que el transporte concesionado se convertiría en un poder fáctico. Y hoy lo es. La cantidad de dichas unidades que circulan, protegidos por organizaciones y sindicatos, por la zona conurbada es impresionante. La CTM, la CNP, el Sindicato Libertad, FESO y otros, son los mismos que han propiciado que dicho medio de transporte se convierta en un instrumento delictivo, pues al igual que en el Istmo de Tehuantepec, lo mismo sirven para cobrar el derecho de piso que para el trasiego de droga; igual como halcones para advertir de los operativos policiales que para el cobro de extorsiones. Son pues, uno de los ejes de actividades criminales. He ahí el por qué la lucha a muerte por las rutas y la presencia de unidades piratas. Y la situación de violencia que se vive en todo lo que tiene que ver con dichas unidades. El mejor ejemplo se dio el pasado lunes cuando un grupo de moto-taxistas causó terror en San Juan Chapultepec y San Martín Mexicapan. Mucha gente se encontró en medio del fuego cruzado, incluyendo menores de edad.
No obstante el peligro que representa el crecimiento de dichas unidades en todo el estado –sólo se han salvado municipios que se han negado a admitir su operación en sus jurisdicciones- la dependencia responsable: la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), poco ha hecho para regular el funcionamiento de este sistema del transporte concesionado. Cualquier intento de ir sobre las unidades que operan en la ilegalidad es motivo suficiente para los bloqueos y amenazas a la paz social. Hay pues temor de las autoridades para ir a fondo, porque de inmediato se sueltan los demonios del chantaje. Bajo este panorama, tal parece que tanto los manejadores de este tipo de unidades como los que se benefician con los negocios ilícitos que hay detrás, mantienen al gobierno con un pie en el cuello, pues no se ven acciones enérgicas de autoridad sobre los rijosos y violentos. Había que preguntar cuántos fueron detenidos en el operativo que la Policía Estatal montó el lunes en la zona de violencia. Podemos asegurar que ninguno. Hay pues excesiva tolerancia e impunidad en este sector del transporte.
