Ante el vandalismo desatado por un grupo de personas en contra de inmuebles privados, edificios históricos y establecimientos comerciales, la ciudadanía demanda aplicar la ley para evitar que persista la impunidad y la anarquía. Oaxaca no puede seguir inmersa en la violencia y la anarquía de grupos que de abanderar demandas sociales se han convertido en verdaderos nichos de delincuentes, pues al margen de que salgan a las calles a expresar su sentir no pueden ni deben atentar contra terceros, mucho menos contra empresas y monumentos históricos.
Urge acabar con tanta agresividad que solo genera más irritación ciudadana, por la impunidad con que se pasean, porque la debilidad de un Estado de derecho que proteja la integridad física de las personas y de los bienes, genera un ambiente poco propicio para la inversión y el comercio, lo que impacta negativamente la formación de capital, la competitividad de las empresas y la generación de empleos productivos.

Nadie se opone a que ejerzan su derecho a manifestarse, pero siempre y cuando lo hagan sin lesionar las garantías de terceros, de empresarios y comerciantes que crean empleos, de la sociedad que pretende llevar una vida cotidiana en orden, paz y seguridad. Sin duda, la justicia cuenta con las herramientas necesarias para castigar a las personas que protagonizaron actos de vandalismo, pues si bien no son castigados con penas privativas de la libertad, sí constituyen un delito que las autoridades están en el deber y la obligación evitar.
De ahí la trascendencia de contar con un Estado de derecho que implica un gobierno que proteja en la vida cotidiana, no solo en las leyes escritas, los derechos fundamentales de todos: vida, propiedad y libertad, y castigue a todos los que los violen.

En un Estado de derecho la autoridad o gobierno tiene el monopolio de ejercer la violencia para restablecer la paz y aplicar la justicia. Cuando permite que alguna persona o grupo, con la excusa de reestablecer sus derechos violados, ejerza violencia sobre los presuntos violadores, no hay Estado de derecho.
Es indudable que la inseguridad pública y los problemas de aplicación de la justicia en México, tienen que ver con la desigualdad social que padecemos, con la carencia de políticas públicas efectivas para abatirla y con la insuficiencia de nuestros logros educativos. Es hora de aceptar que esos males y la debilidad del estado de derecho son impedimentos para el progreso y el desarrollo económico y la solución reclama de la intervención de todos.

Urgen empleos

Uno de los principales retos que tiene México en materia económica, consisten en crear la suficiente cantidad de empleos formales y bien remunerados, por ello es necesario realizar una efectiva campaña de promoción e información respecto de la creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas.

Es necesario apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con las entidades federativas del país. Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, de financiamiento, protección legal y competencia adecuados.

Así como diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas, así como impulsar programas que desarrollen capacidades intensivas en tecnologías de la información y la comunicación, así como la innovación para promover la creación de ecosistemas de alto valor agregado de las micro, pequeñas y medianas empresas

Lo anterior permitirá atender la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, y un primer elemento es que se ponga en la mesa una recuperación de los salarios, sobretodo de los mínimos. Aumentar el salario mínimo sin tener una inflación es un trabajo conjunto donde se deben analizar cuestiones fiscales que acaparan a las empresas.

En la década de los ochenta y noventa se desplomó por completo el poder adquisitivo de los trabajadores, con lo cual se dejó de satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores. Los salarios son una forma en que las personas obtienen ingreso para dar bienestar a su familia y se convirtió al salario en una variable para controlar la inflación.

Hoy es indispensable revertir esta situación, ya que es en la informalidad donde justamente la productividad es muy baja y la capacidad que tiene una gran cantidad de negocios para incrementar los salarios también está muy limitada. Por ello se deben poner en consideración los mecanismos de cómo se debe poder generar un incremento salarial, que sea alcanzable para los pequeños negocios que son los que menos pagan y no dan prestaciones.

Debido al poco dinamismo de la economía y que el precio de los alimentos ha sido volátil, los datos de pobreza laboral en México son alarmantes, pues las nuevas generaciones en edad de incorporarse a las actividades no lo hacen y engrosan las filas del desempleo o subempleo.