Como si no fueran suficientes los problemas que arrastramos en Oaxaca, con el caso del médico detenido por presunta negligencia médica, lo cual ocasionó la muerte del menor Edward, ahora asoma como ente maligno una mayor polarización social. Sin tomar partido puesto que se trata de un asunto que debe tratarse en el marco de la ley, la renuencia de los médicos y colegios a entender que la defensa debe abordarse desde el punto de vista legal y no con protestas ni artificios de chantaje, lo único que ha despertado es que bien a mal cada uno de los oaxaqueños, e incluso en el interior del estado y el país, tome partido o por el médico o por los padres del menor fallecido. En este sentido, el hecho de que eventualmente se liberara al citado especialista sin haberse concluido un proceso penal, sentaría un mal precedente. De nada servirían pues para adelante, la Comisiones de Arbitraje Médico, porque simplemente no habría elementos para castigar a médicos que ejercen su profesión de manera irresponsable. Lo que se pretende crear con marchas, manifestaciones y chantaje, es un marco de impunidad, con el cual las autoridades tendrán que regirse para no aplicar la ley.
Lo dijimos hace un par de días: que los colegios de médicos y demás demuestren con la ley en la mano que no hubo dolo y que tampoco hubo negligencia, en la muerte del menor. Se trata de un juego de vencidas, entre lo que establece el marco legal y constitucional y lo que hace la protesta callejera. El Estado no debe ceder a chantajes, pero eso sí, debe estar obligado a que en el marco de la división de poderes, se actúe en estricto apego a derecho. Insistimos: los oaxaqueños estamos cansados de que todo se quiera resolver ganando la calle y con consignas. Somos un país de leyes y normas, las cuales están por encima de intereses gremiales o particulares. No se trata de ponerse de un lado o de otro, sino de quién tenga la razón jurídica. El médico, como cualquier profesionista, independientemente de su formación humanista de salvar vidas y luchar contra el dolor, es un ciudadano susceptible de cometer errores o negligencia. Si bien es cierto que por su misma profesión no se le puede atribuir dolo alguno, ello no lo exime de pretender estar por encima de la ley. Se han hecho demasiadas olas con este asunto, lo que ha generado asimismo especulaciones y posiciones encontradas.
Sanear afluente
Hace días se publicó en diversos medios la nota sobre el amparo obtenido por cierto grupo de ecologistas y protectores del medio ambiente, que fueron hasta los órganos de justicia federal a denunciar la gravísima contaminación que ha padecido el Río Atoyac y afluentes, sin que las autoridades hayan hecho algo al respecto. En efecto, uno de nuestros emblemáticos ríos que hace muchos años prácticamente regaban nuestra zona conurbada, se han convertido en foco de infección. Hay ciertas zonas en las que sus riberas se utilizan como depósitos de basura y en otras, ahí descargan las aguas negras que provienen del sistema de drenaje. A ello se agrega la falta de funcionamiento de las llamadas plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la de San Juan Bautista La Raya, que generan mayor contaminación en el Río Atoyac y afluentes que se encuentran río abajo. Ahora, compete a las autoridades según el mandato judicial, pagar o contratar empresas que se encarguen de la limpieza y desazolve del citado río. No hay que olvidar que tenemos la temporada de lluvias encima y que la única manera de evitar que se contaminen los mantos freáticos de las riberas, es con la labor de limpieza, pero urgente.
Es triste ver por ejemplo, que luego de las inundaciones del año pasado por los rumbos de Santa Cruz Xoxocotlán y otras comunidades conurbadas, el gobierno haya hecho una importante labor en el desazolve tanto del Atoyac como del Río Salado, pero ahora sirven para que ahí descarguen sus aguas residuales la mayor parte de los fraccionamientos populosos que ahí se construyeron en los últimos años. La irresponsabilidad de las autoridades municipales con el buen estado de nuestros ríos y afluentes es evidente. No obstante la denuncia en los medios de comunicación impresos y electrónicos, se ha hecho caso omiso. Han tenido que intervenir otras autoridades como es el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que en algunos casos, como fue la utilización del río para el depósito de basura durante el conflicto en el depósito municipal, el gobierno de la capital oaxaqueña procediera a la limpieza. Una buena iniciativa pues la de este grupo de ambientalistas que tomaron para sí la defensa de nuestro emblemático río. Hay aún en la sociedad personas que se preocupan por el legado que del presente les dejaremos a las generaciones del futuro.
