Dos de las entidades con fuerte raigambre priista fueron Veracruz y Tabasco, de los que tardaron más años en tener alternancia en sus administraciones estatales.
Lo hicieron hasta el actual gobierno y curiosamente en ambos, los anteriores gobernadores se encuentran en la cárcel, acusados de delitos varios, especialmente los vinculados a los dineros públicos.
Andrés Rafael Granier Melo, primero y Javier Duarte de Ochoa, fueron responsables de que los electores optaran por un cambio de siglas al término de sus gobiernos, cansados de los abusos cometidos durante sus respectivas administraciones.
Durante largas décadas, los ciudadanos se mostraron conformes con los gobiernos emanados del PRI, tanto así que el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, fue derrotado en su primer intento por gobernar la entidad y, precisamente, por el hoy preso, Javier Duarte de Ochoa.
Yunes Linares había militado varios lustros en el PRI e intentado ser candidato al gobierno de ese partido, hasta que cansado por no conseguirlo migró hacia otro organismo político, con el que, después de dos intentos lo consiguió.
Claro que a su favor obró el que Duarte de Ochoa ejerció un pésimo gobierno, con acusaciones de todo tipo en su contra y de varios de sus principales colaboradores.
Pero no fueron solamente los abusos en materia de contratos, adquisiciones y otro tipo de beneficios obtenidos por los hombres del gobierno, los que dejaron en claro la galopante corrupción en el entidad, sino también el incremento de la violencia, la impunidad y el asentamiento de los principales grupos delincuenciales en el estado.
Veracruz se convirtió en el foco de atención por la alta criminalidad y la desidia de las autoridades por combatirla, sin que el gobierno federal o el partido que postuló al entonces gobernador (PRI) decidiera pedir explicaciones o actuar en consecuencia. Con todo ese conocimiento de lo que sucedía en el estado, en 2015 en los comicios federales para la renovación de la Cámara de Diputados, los priistas obtuvieron la victoria en la mayor parte de los distritos, incluidos en los que participaron los principales colaboradores del gobernador Duarte de Ochoa.
Alberto Silva Ramos, alcalde de Tuxpan, secretario de Desarrollo Social y vocero del gobierno estatal; Eric Lagos, secretario de Gobierno; Jorge Carvallo, secretario particular; Antonio Tarek Abdalá, Tesorero y Marco Antonio Aguilar Yunes, secretario del Trabajo, entre otros colaboradores de la administración de Javier Duarte, ganaron sin problemas los comicios, lograron el fuero anhelados, a pesar de las denuncias en contra de varios de ellos.
Lo que ya no pudo el priismo fue ganar el proceso electoral del siguiente año y el tricolor perdió por vez primera el gobierno estatal, en una contienda de primos: Héctor Yunes por el PRI y Miguel Ángel Yunes por el PAN.
Sin embargo, los priistas cometieron un error garrafal, propiciado por el propio Duarte de Ochoa, quien convenció de las bondades de hacer los comicios para gobernador concurrentes con el proceso electoral federal, por lo que habrá una elección de gobernador por dos años.
Eso le convenía, pues podía enviar a uno de sus consentidos como candidato, operarla él y conseguir impunidad, lo que fue un sueño frustrado, ya que fue acusado ante las autoridades por sus abusos, dejó un interino que terminó en la cárcel y él mismo se encuentra sometido a proceso, además de que su partido (PRI) perdió la elección en 2016 y ahora, para colmo de males, el candidato José Yunes Zorrilla, no logra prender en el ánimo ciudadano y se encuentra relegado al tercer lugar en las encuestas.
Algo similar sucedió en Tabasco, con un gobierno desastroso de Granier Melo que terminó enviándolo a la cárcel, mientras que la mayoría de sus colaboradores gozan de libertad y otros más se encuentran prófugos, ante la imposibilidad y tolerancia de las autoridades para localizarlos.
Lógicamente que la ciudadanía se volcó a favor del opositor Arturo Núñez Jiménez, postulado por el PRD, otro ex priista que intentó ser candidato bajo esas siglas, sin conseguirlo.
Núñez Jiménez se impuso con amplia ventaja de ocho puntos en una entidad en la que Andrés Manuel López Obrador intentó sin éxito, hasta dos veces, ganar la elección para gobernador.
Los electores se cansaron de los abusos cometidos en la administración de Granier Melo y optaron por dar la oportunidad a otro partido y otros militantes para gobernar.
Sin embargo, tres años después y cuando los priistas estaban considerados para un viaje sin retorno, lograron conquistar dos de las seis diputaciones federales en disputa, aunque en lo local no corrieron la misma suerte, perdiendo las principales alcaldías y las diputaciones locales.
Ahora con el cambio de gobierno que se avecina y en un proceso electoral en que se elegirán gobernador, ayuntamientos, Congreso local, además de Presidente de la República, senadores y diputaciones federales, los priistas no ven la suya en la entidad.
La candidata a gobernador, Georgina Trujillo Zentella, se encuentra relegada hasta el tercer lugar de las encuestas, con todo y ser el mejor candidato con que contaba el partido tricolor.
Senadores y diputados federales, además de ayuntamientos y Congreso local, todo parecer indicar quedará en manos de los partidos de izquierda y hasta de su antiguo aliado el Partido Verde.
Los priistas parecen irremediablemente perdidos en esas dos entidades, Veracruz y Tabasco, donde les será difícil regresar por sus fueros.
Por lo pronto en los comicios del 2018, sus candidatos a gobernadores José Yunes y Georgina Trujillo, se encuentra condenados al tercer lugar, alejados de la posibilidad de triunfo y esperando que suceda un milagro.
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