Los sabios recomiendan no hacer cosas buenas que parezcan malas, aunque las autoridades mexicanas parecen no entender esa máxima, aplicable al caso Ricardo Anaya Cortes y su presunta vinculación con el delito de lavado de dinero.
El candidato presidencial de la alianza con México al frente, compuesta por PAN, PRD y MC, ha recibido una gran andanada con eventuales manejos de dinero que no corresponden a sus ingresos, lo que dejaría en claro que la competencia de las autoridades mexicanas para combatir los delitos.
La diligencia de una dependencia como la PGR quedaría de manifiesto por la prontitud con que actúa, aunque este hecho da margen para pensar que como dice el propio Anaya Cortés, existe consigna para proceder en su contra.
El panista ha sido evidenciado una y otra vez por ese manejo de recursos que deja en claro su gran visión para los negocios, aunque para otros es una muestra de sus manejos de canonjías al amparo del poder público.
Pero mientras es una u otra la realidad sobre Anaya Cortés y sus enjuagues, vale la pena recordar que la PGR no actúa de la misma manera en otros asuntos, los que pasan años en la integración de las averiguaciones por lo que se llega a pensar en la intención del olvido sobre el tema.
Son varios los meses que han transcurrido desde que renunció el titular de la PGR, Raúl Cervantes, quien dijo que dejaba listo el expediente sobre Odebrecht y la vinculación de funcionarios el gobierno mexicano en actos de corrupción y soborno.
Pero si no se sanciona a los funcionarios mexicanos vinculados, supuestamente, con la empresa, a ella si se le sancionó por cuatro años, exenta de participar en contratos públicos.
Y es que el caso de esta empresa sacudió al mundo latino, ya que en diferentes países del continente americano, funcionarios de distintos niveles, hasta Presidente fueron detenidos por participar en actos de corrupción relacionados con sobornos.
Precisamente el tema de la corrupción que corroe a distintas naciones se advierte como algo distante en México, donde escasamente algún funcionario de alto nivel es detenido.
Es cierto que en la actualidad varios ex gobernadores se encuentran prisión, debido al escandaloso saqueo del erario, al desvío de recursos y enriquecimiento de algunos de ellos.
La razón de su encarcelamiento, en todos los casos (excepción de Mario Villanueva y Jesús Reyna) es la alternancia producida en sus respectivos estados.
El priista Javier Duarte dejó el gobierno estatal del panista Miguel Ángel Yunes; al tricolor César Duarte le ganó el estado el panista Javier Corral; otro priista Roberto Borge dejó el gobierno estatal en manos del aliancista Carlos Joaquín; el panista Guillermo Padrés fue sucedido por la priista Claudia Pavlovich; el perredista Arturo Núñez actuó en contra de su antecesor el priista Andrés Granier, etc.
Sin embargo, en lo federal, poco es lo que se actúa en contra de malos servidores públicos que aprovechan el cargo para beneficio personal.
Uno de los grandes temas (si no es que el principal) de los candidatos presidenciales es el de la corrupción, tanto que en su juramento como candidatos presidenciales de sus respectivas alianzas establecieron su lucha contra la corrupción como eje de sus campañas y eventual gobierno, en caso de ganar el primero de julio.
Y es que en tiempos recientes, ex presidentes de diferentes países de América latina han terminado en la cárcel o, cuando menos, enjuiciados por delitos relacionados con la corrupción.
América del Sur y del Centro, llevan mano en esa materia.
Apenas ayer la esposa (Rosa Elena Bonilla) del ex Presidente de Honduras Porfirio Lobo, corrió la suerte de ex mandatarios de Guatemala, Perú, Brasil y otros más, al ser detenida por cargos vinculados a la corrupción.
El hecho es de llamar la atención, ya que en México, muchas esposas de gobernantes han sido señaladas como beneficiarias de grandes contratos de obra o de compra de insumos durante las administraciones de sus consortes, sin que suceda nada.
Uno de los casos más recientes es el de Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, a quien se le relacionó en diversos actos de corrupción en Veracruz, pero las autoridades mexicanas aseguraron que no había investigación sobre esos hechos.
La madre de Roberto Borge Angulo también ha sido señalada como parte de las triangulaciones de terrenos a bajo costo que se realizaron en el gobierno pasado en Quintana Roo, pero tampoco hay actuaciones en su contra, mientras su hijo continúa en prisión.
Raro sería que alguna autoridad actuase en contra de esposas o madres de servidores públicos que han sido vinculadas como eventuales beneficiarias de actos de corrupción.
Tampoco son grandes los casos de las autoridades contra ex funcionarios, a los que, cuando mucho, se les sanciona o inhabilitan al ser detectadas irregularidades en su proceder.
Félix Barra, ex secretario de la Reforma Agraria y Eugenio Méndez Docurro, son dos de los escasos secretarios de un gabinete presidencial sobre los que se ejerció acción judicial y pasaron por prisión, aunque breve tiempo.
Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex, le fue retirado el fuero como senador para ser enjuiciado por anomalías en su paso por la paraestatal que ahora sigue siendo foco de atención por el caso Odebrecht.
Emilio Lozoya el director de Pemex sospechoso de actos vinculados a la corrupción por el caso Odebrecht dejó la empresa hace buen tiempo, por la que ya pasaron dos directores más.
Habrá que darle seguimiento al asunto de la supuesta vinculación de Ricardo Anaya Cortés en el tema de lavado de dinero, para deslindar si se trata de una campaña de difamación en su contra o si fue realidad el lavado de dinero.
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