Aunque el gobierno de Peña Nieto presume que, como nunca, su gobierno está en lucha frontal contra la corrupción y ha mencionado el caso de siete exgobernadores presos y nueve bajo investigación, en Oaxaca, Gabino Cué sigue intocado pese al saqueo brutal que hizo del patrimonio de los oaxaqueños.
El Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, se puso como plazo el primer año de este gobierno para llevar a la cárcel a los principales responsables del pillaje sin precedentes en la historia de Oaxaca. También se comprometió a concretar las primeras requisas del botín de Gabino y su pandilla. Fuera de los convictos Germán Tenorio, Enrique Arnaud Viñas, Carlos Moreno Alcántara y otros chivos expiatorios de menor calibre, no se ha visto mayor acción.
Ante los ofrecimientos del gobernador Alejandro Murat de poner fin a la impunidad, hubo expectativas. La realidad es que ha pasado un año y la palabra del gobernador no se cumple cabalmente en cuanto a sus anuncios de combate a la corrupción.
Esto podría manchar su imagen política porque, aunque hay acciones de gobierno plausibles, la ciudadanía espera mayor voluntad para castigar a los autores del atraco del siglo derivada del desastroso gobierno de Gabino.
El gobierno federal ha demostrado voluntad política para actuar contra exgobernadores corruptos aun fuera del país. Extraditó a Tomás Yarrington, de Tamaulipas, detenido y preso en Florencia, Italia, y Roberto Borge, de Quintana Roo, capturado e ingresado a un penal en Panamá.
A estos dos hay que agregar los cinco encarcelados en México, además de Duarte, Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán, todos priistas, y Guillermo Padrés, de Sonora, del PAN. Además, permanecen prófugos César Duarte, de Chihuahua, y Jorge Torres López, de Coahuila; sujetos a proceso: Flavino Ríos, de Veracruz, en prisión domiciliaria; Rodrigo Medina, de Nuevo León, priistas, y Luis Armando Reynoso, panista de Aguascalientes; investigados en el extranjero, los priistas Humberto Moreira, de Coahuila, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y Fidel Herrera, de Veracruz.
La excepción es Oaxaca. Aquí hay quienes desde el congreso defienden a Gabino.
Esos son
¿Y qué pasa con Gabino Cué? Resulta muy sospechoso que en el congreso local siga atorado el juicio político en su contra. Hay suspicacias porque entre priistas como Samuel Gurrión, el experredista Jesús Romero y la bancada pejista del Morena que coordina Irineo Molina, construyen el dique para que el juicio político no pase.
El asunto que hoy vuelve a reavivarse, estaba en manos de los diputados miembros de la Comisión Instructora integrada por los diputados María de Jesús Melgar Vásquez, Jesús Romero López y Paola Gutiérrez Galindo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juan Mendoza Reyes del Partido Acción Nacional (PAN) y María Mercedes Rojas Saldaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI). No actuaron.
Esta misma comisión ahora está conformada por los legisladores María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), presidenta; María Mercedes Rojas Saldaña (PRI), Juan Iván del PAN, Tomás Basaldú Gutiérrez del PRD, y Juan Bautista Olivera Guadalupe del PT. Lo grotesco es que estos curulecos siguen peloteando el juicio político.
La morenista María de Jesús, ha dicho que como “no sabemos el domicilio de Gabino no podíamos notificarle”. Un infantilismo que causa risa. A eso se debe que ahora diga que el congreso está publicando edictos para comunicarle al ex gobernador Cué, de acuerdo a la ley. Una actitud de engañabobos.
Entre tantos distractores para no proceder contra el mandatario más rapaz que haya padecido Oaxaca, el que pierde credibilidad es el gobernador Alejandro Murat.
Freno a los alcaldes
No hay uno solo de los 570 municipios del estado donde no haya diferendo por la inequidad con que los presidentes municipales, distribuyen el presupuesto. En la región Mixe, en Loxicha y muchas comunidades hay connatos de violencia y apenas, el Congreso del estado, anuncia legislar al respecto. De seguir dando largas al asunto, el conflicto puede generar más enfrentamientos ¿Esto es necesario para que se mueva el aparato burocrático creado exprofeso para vigilar la armonía municipal?
Además de los diputados que, lejos de buscar la armonía de los municipios con sus agencias, actúan buscando sus propios beneficios, hay una serie de aparatos burocráticos creados, y sostenidos, supuestamente para atender exclusivamente asuntos municipales. Es el caso de la subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y muchos entes burocráticos más. Son meras entelequias pero con amplias nóminas.
Acicateados por estos extravíos, los diputados anunciaron, por fin, una iniciativa para que presidentes municipales repartan equitativamente los recursos a sus agencias municipales y de policía.
Hasta que se asoma con beligerancia el espectro de la furia de los pueblos que reclaman lo que, por ley, les corresponde, el gobierno reacciona. Los reclamos se asoman con hostilidad en las comunidades con mayor grado de marginación y pobreza.
Recordemos mi entrega del pasado 26 de Diciembre. Los sucesivos Presidentes Municipales de Candelaria Loxicha, llevan muchos años despojando a sus agencias y rancherías de sus participaciones. Sus reclamos se pierden por la colusión del alcalde con los diputados y otras autoridades. No tienen a quien manifestar sus quejas. Los “representantes populares”, como si no existieran, los olvidan. No cuentan con capacidad para gestionar y menos para exigir. Es aquí donde radica la importancia de la iniciativa de ley presentada por la diputada Adriana Atristain Orozco. Propone, entre otras cosas, que la distribución de los recursos públicos municipales para las agencias, sea obligatoria. De aprobarse tal iniciativa entraría en vigor en el próximo año fiscal lo que obligaría a los Ayuntamientos a la distribución equitativa de las participaciones municipales.
Obvio, no bastaría la ley. Los diputados y funcionarios que dividen a las comunidades, crean antipatías e incluso inducen a la confrontación de los pueblos, deben adoptar nueva actitud. Acatar la iniciativa de ley que ordena a los presidentes municipales distribuir equitativamente el presupuesto y sujetarse a las disposiciones de los integrantes del Cabildo. De no hacerlo, los agentes municipales seguirán cayendo en las redes de “organizaciones sociales” a las que acuden en busca de asesoría aunque resulta peor porque los convierten en carne de marchas y plantones.
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