Un juez federal dictó una sentencia de 60 años de prisión contra José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, así como contra otras 25 personas, por los homicidios y ataques armados ocurridos durante la llamada “Noche de Iguala”, en septiembre de 2014.
El fallo fue firmado el pasado 10 de noviembre por Irving Joan González Balleza, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, dentro de la causa penal 4/2018 y sus acumuladas 5/2018, 6/2018 y 7/2018. Entre los 26 sentenciados también se encuentra Felipe Flores Velázquez, exdirector de la Policía Municipal de Iguala, según informó la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
EL ATAQUE CONTRA EL EQUIPO JUVENIL LOS AVISPONES
Entre los hechos juzgados en esta resolución destaca la agresión perpetrada por policías municipales de Iguala contra el equipo de futbol juvenil Los Avispones. Los jugadores, de entre 14 y 17 años, regresaban en autobús hacia Chilpancingo tras disputar un partido de tercera división contra Las Iguanas, cuando hombres vestidos de negro abrieron fuego contra la unidad.
A pesar de que los jóvenes gritaban que eran futbolistas, los disparos continuaron hasta que el conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra un alud de tierra. En el lugar perdieron la vida el futbolista David Josué García Evangelista, conocido como “El Zurdito”, de 15 años, y el chofer Víctor Manuel Lugo Ortiz.
Estos ataques ocurrieron la misma noche de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Las investigaciones vincularon a policías municipales con el grupo criminal Guerreros Unidos, organización que presuntamente ordenó la agresión al confundir a las víctimas con integrantes del grupo rival Los Rojos.
RESPONSABILIDAD DEL EXALCALDE Y DEL JEFE POLICIAL
De acuerdo con el contenido de la sentencia al que tuvo acceso la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el juzgador determinó distintos grados de participación para los exfuncionarios municipales:
- José Luis Abarca: Fue señalado por actuar como “inductor” de los crímenes cometidos esa noche.
- Felipe Flores Velázquez: En su calidad de entonces secretario de Seguridad Pública municipal, fue calificado como “autor mediato”.
- Policías municipales: Recibieron condenas por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, conforme a su intervención directa en los hechos.
Para la organización defensora de derechos humanos, el fallo confirma judicialmente la participación de autoridades del Estado en el origen de los crímenes.
Esta sentencia se suma a otra pena de 92 años de cárcel impuesta previamente a Abarca por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos el dirigente perredista Arturo Hernández Cardona. No obstante, en mayo de 2023, un tribunal federal lo había absuelto del delito de secuestro en relación directa con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
APELACIÓN EN CURSO Y RECLAMO POR EL CASO DE JULIO CÉSAR MONDRAGÓN
La defensa de José Luis Abarca ya interpuso un recurso de apelación contra esta condena de 60 años, por lo que el caso será turnado a un Tribunal Colegiado de Apelación, instancia que definirá si confirma o revoca la resolución antes de que quede firme.
Por su parte, la Red Solidaria Década contra la Impunidad y familiares de las víctimas manifestaron su inconformidad respecto a la situación de Julio César Mondragón, señalando que el juez lo consideró únicamente como una víctima más de homicidio sin reconocer ni sancionar el delito de tortura al que fue sometido esa noche.
PERFIL: DE EMPRESARIO JOYERO A LA CAÍDA POLÍTICA TRAS AYOTZINAPA
Nacido el 18 de marzo de 1961 en Arcelia, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez proviene de una familia de comerciantes dedicada a la venta de sombreros, vestidos de novia y oro. Durante su juventud consolidó su patrimonio en el sector joyero —llegando a administrar seis locales en el centro de Iguala— y en el ramo inmobiliario, donde fundó la empresa Abarpin S.A. de C.V. y participó en el desarrollo del centro comercial Galerías Tamarindos.
En 1983 contrajo matrimonio con María de los Ángeles Pineda Villa, con quien tuvo cuatro hijos y expandió sus negocios. Pineda Villa cuenta con antecedentes familiares vinculados al Cártel de los Beltrán Leyva, aspecto documentado en diversas investigaciones sobre la infiltración criminal en la política local.
Su incursión en la vida pública inició en 2011, al respaldar financieramente la campaña a la gubernatura de Ángel Aguirre Rivero. Un año más tarde fue postulado como candidato externo a la presidencia municipal de Iguala por la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, logrando el triunfo con una ventaja de 30 puntos porcentuales. Durante su administración, su esposa encabezó de manera honoraria el DIF municipal.
Los hechos del 26 de septiembre de 2014 marcaron el fin de su carrera política: tras ser señalado por la entonces Procuraduría General de la República como presunto autor intelectual, fue destituido, expulsado del PRD y finalmente detenido junto a su esposa el 5 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México.





































