Juchitán continúa con la mecha encendida. Mientras el periodista istmeño José Ignacio Santiago denunció a 5 líderes “sociales” de Morena en Juchitán de Zaragoza de intentar callarlo tras ataque a su restaurante, el comisionado municipal, Francisco Vásquez Jiménez insiste en que renunciaría en caso de que lo presionen para mantener en nómina a aviadores y el secretario de gobierno, Jesús Romero López, lo “conminó” a pagar los compromisos con los “trabajadores” municipales
El negocio de José Ignacio Santiago, el restaurante Rockaway, fue atacado a balazos por dos adolescentes al negarse a pagar derecho de piso por 50 mil pesos. En el programa radiofónico de Azucena Uresti acusó de las agresiones en su contra a Remigio Vera, Alma Delia, Javier Cali, Javier Terán de la Rosa, y José Alberto, a quien identificó como yerno de un ex presidente municipal. Todos ellos pertenecientes a Morena y a la COCEI e, incluso, organizan mítines y caravanas al propio gobernador cuando realiza eventos en la ciudad.
Indicó que “estos cinco personajes habrían sostenido una reunión para callarlo y acabar de una vez con él por estar denunciado la red de extorsión a mototaxistas y comerciantes” denunció ante Uresti.
El periodista Ignacio Santiago es director y fundador del portal Pluma Digital Noticias y reiteró: “Tengo miedo”.
En la víspera, el comisionado Francisco Vásquez Jiménez reiteró que no está dispuesto a exponer su integridad por presiones de grupos delincuenciales, y que desconoce acuerdos en su designación, porque a él no le informaron, en referencia de mantener una nómina de 17 millones de pesos al mes y realizar una limpia de los mil 867 personas que cobran en el Ayuntamiento y son herencia de las administraciones de Miguel Quetu Sánchez Altamirano y el ex director del IEEPO, Emilio Montero. “Si no me respaldan, nada tengo que hacer aquí y les entregó la comisión” indicó Vázquez Jiménez.
En respuesta, en la conferencia mañanera del gobernador, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, solo atinó a recomendar al comisionado que pague a quienes reclaman y el lunes y martes presionaron y realizaron una manifestación para mantenerse en la nómina o advirtieron que podría haber movilizaciones dado que “en Juchitán no hay fuentes de empleo”.
El comisionado insistió que muchos de quienes cobran hacen trabajo político ajeno al beneficio de los juchitecos, incluso, los que cobran no son quienes están en la nómica y los recursos son dispersado a otros individuos.
Luego de la captura de Miguel Quetu, el diario de circulación nacional La Razón de México documentó que durante esa administración municipal los homicidios aumentaron 80 por ciento, al pasar de 46 a 83 casos entre 2022 y 2025.
El narcomenudeo, de acuerdo con las cifras publicadas, se disparó mil 357 por ciento: de siete investigaciones pasó a 102. También crecieron la extorsión y las amenazas.
El Universal fue todavía más directo: “Policías de Juchitán, mandaderos y halcones del narco”. La publicación recoge testimonios de habitantes que señalan a elementos municipales como informantes y colaboradores de “Los Cromo”, grupo criminal vinculado, según el diario, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Jesús Romero López, sin esperar el diagnóstico del comisionado advirtió “si hay ‘pendientes’ para eso es el recurso, para finiquitar, para pagarle a quienes hayan generado un ‘trabajo’ o un servicio a la comunidad de Juchitán”, indicó.
