VILLA DE ZAACHILA, OAX.— La comunidad indígena zapoteca de Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Villa de Zaachila, llevó su inconformidad ante la justicia federal al presentar un juicio de amparo contra la Secretaría de Bienestar, a la que señala de mantener retenidos los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el Bienestar de las Personas Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) correspondiente a 2026.
En una denuncia pública, la población sostiene que la falta de entrega de estos fondos afecta sus posibilidades de impulsar obras y atender necesidades colectivas. También acusa a la dependencia federal de negarse a recibir formalmente una obra comunitaria ya concluida y de no validar la renovación de su Comité de Administración y Vigilancia.
El conflicto tiene su origen en un proyecto de infraestructura que, según la versión de la comunidad, quedó inconcluso por el incumplimiento de la empresa contratada en 2025. Aunque los pobladores aseguran que consiguieron terminar el techado comunal después de denunciar los hechos, afirman que el problema administrativo continúa y ahora amenaza la disponibilidad del presupuesto para el nuevo ejercicio.
UNA OBRA INCUMPLIDA DESATÓ EL CONFLICTO
De acuerdo con la denuncia, el Comité FAISPIAM 2025 contrató a una empresa para construir un techado comunal. Sin embargo, la constructora presuntamente incumplió los plazos y las obligaciones acordadas, lo que impidió que la obra se entregara en tiempo y forma.
Ante esta situación, la comunidad afirma que notificó formalmente a la Secretaría de Bienestar el 27 de noviembre de 2025 para informar sobre las irregularidades y solicitar atención.
Según el relato de los pobladores, no obtuvieron una respuesta que les permitiera resolver el problema. Por ello, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la empresa señalada por el presunto incumplimiento.
La comunidad sostiene que el caso no terminó ahí: mediante gestiones ante el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, logró que se concluyera el techado comunal hace unas semanas.
No obstante, la población asegura que, pese a haber resuelto la obra pendiente, todavía no consigue que la dependencia federal la reciba oficialmente ni que se regularice la operación del fondo correspondiente a 2026.
ACUSAN BLOQUEO AL NUEVO COMITÉ Y AL PRESUPUESTO
En su pronunciamiento, la comunidad identifica tres problemas principales: la falta de recepción formal del techado, la negativa a validar la renovación del Comité de Administración y Vigilancia FAISPIAM 2026 y la retención de los recursos destinados al desarrollo local.
Los habitantes consideran que estas decisiones mantienen a la comunidad en una situación de incertidumbre, pues el presupuesto es necesario para planear y ejecutar proyectos de infraestructura social.
Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una postura de la Secretaría de Bienestar que permita conocer las razones administrativas o jurídicas por las que no se habría formalizado la recepción de la obra, validado el nuevo comité o liberado los recursos.
Esta ausencia de información impide establecer si existe algún procedimiento pendiente, una controversia sobre la comprobación del gasto anterior o alguna otra causa que explique la actuación de la dependencia.
Por ello, será importante que la autoridad federal aclare públicamente su posición y que el proceso judicial permita determinar si la retención denunciada tiene fundamento legal.
“FUIMOS DEFRAUDADOS, NO DEFRAUDADORES”
La comunidad ha endurecido su postura y sostiene que no debe ser responsabilizada por el incumplimiento que atribuye a la empresa constructora.
En su denuncia pública, los pobladores expresaron:
“La comunidad actuó con legalidad, denunció el fraude y ahora exigimos que el Estado nos deje de criminalizar”.
También resumieron su reclamo con una frase que coloca el conflicto en el terreno de los derechos colectivos:
“¡No pedimos caridad. Exigimos lo que por derecho nos corresponde para nuestro desarrollo. Fuimos defraudados, no defraudadores!”.
Las expresiones reflejan la inconformidad de una población que afirma haber denunciado las irregularidades, impulsado la conclusión de la obra y buscado una salida institucional, sin conseguir hasta ahora la solución que reclama.
La acusación de fraude, sin embargo, corresponde a la versión de la comunidad y deberá esclarecerse por las vías legales correspondientes, sin anticipar responsabilidades penales.
BUSCAN QUE LA JUSTICIA FEDERAL OBLIGUE A LIBERAR LOS RECURSOS
Con el juicio de amparo presentado ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, la asamblea comunitaria busca que la justicia federal revise la actuación de la Secretaría de Bienestar.
Entre sus principales exigencias se encuentran que cese la retención de los recursos del FAISPIAM 2026, que se reconozcan sus órganos de representación comunitaria y que se respete su capacidad para decidir sobre las prioridades de desarrollo de la población.
La comunidad argumenta que la situación afecta derechos relacionados con la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, así como con su participación en la administración de los recursos destinados a su bienestar.
La presentación del amparo abre una vía para que un órgano judicial examine los actos reclamados. No obstante, por sí sola no significa que un juez ya haya determinado que la Secretaría de Bienestar actuó ilegalmente ni que haya ordenado liberar el dinero.
El resultado dependerá de la revisión judicial y de los elementos que aporten las partes involucradas.
EL RECLAMO PONE EN EL CENTRO EL DERECHO AL DESARROLLO COMUNITARIO
Más allá de la disputa administrativa, el caso plantea una cuestión de fondo: cómo garantizar que los conflictos derivados de obras inconclusas o presuntas irregularidades no terminen paralizando los recursos destinados a las comunidades indígenas.
La rendición de cuentas sobre el presupuesto público es indispensable, pero también lo es que las autoridades expliquen sus decisiones, atiendan las denuncias y establezcan procedimientos claros para resolver las controversias sin prolongar innecesariamente la incertidumbre de la población.
En Emiliano Zapata, la comunidad sostiene que cumplió con denunciar el presunto incumplimiento y conseguir la conclusión del techado, pero que ahora enfrenta obstáculos para acceder a los recursos del siguiente ejercicio.
La respuesta de la Secretaría de Bienestar y la resolución que emita la justicia federal serán determinantes para aclarar si la actuación de la dependencia se ajusta a derecho y si existen condiciones para que la comunidad continúe con sus proyectos.
Finalmente, los habitantes mantienen su exigencia: que el conflicto no se traduzca en un freno al desarrollo de su pueblo y que los recursos destinados a su bienestar reciban una solución legal y transparente.
