Lo que comenzó como el ingreso a un centro de rehabilitación para recibir tratamiento por problemas de alcoholismo terminó en una denuncia por presunta privación ilegal de la libertad y amenazas. Un encargado del establecimiento habría exigido 60 mil pesos a los familiares de una persona internada para permitir su salida. Además de amenazarlos con causarle daño si no entregaban el dinero.
La persona fue localizada y rescatada el pasado 8 de octubre durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia La Loma de Santiaguito, en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec, en el distrito de Etla. Esto, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Los hechos ponen bajo atención las condiciones en las que operan algunos establecimientos de rehabilitación. Particularmente cuando la permanencia de una persona se convierte en motivo de exigencias económicas y presuntas amenazas contra sus familiares.
EL COBRO HABRÍA OCURRIDO TRAS UN MES DE INTERNAMIENTO
Según las investigaciones ministeriales, la víctima ingresó al centro el 5 de septiembre de 2026 para recibir atención por problemas relacionados con el consumo de alcohol.
Un mes después, el 6 de octubre, sus familiares acudieron al establecimiento para solicitar que les entregaran a su familiar. Sin embargo, presuntamente se encontraron con una exigencia de pago por 60 mil pesos por parte del encargado. Quien además habría amenazado con causarle daño a la persona internada si no cumplían con la cantidad solicitada.
Ante la negativa o imposibilidad de resolver la situación por esa vía, los familiares presentaron una denuncia que dio paso a las investigaciones ministeriales.
La información disponible no precisa si el monto exigido correspondía a supuestos gastos de tratamiento, una penalización o algún otro concepto. Tampoco se han informado detalles sobre las condiciones en las que permanecía la víctima dentro del inmueble.
CATEO PERMITIÓ LOCALIZAR A LA VÍCTIMA
Tras recibir la denuncia, las autoridades ministeriales reunieron elementos de investigación para solicitar una orden de cateo, diligencia que fue ejecutada el 8 de octubre.
La intervención permitió localizar a la persona al interior del establecimiento y ponerla a salvo, según el reporte oficial.
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía estatal mediante la Vicefiscalía General de Control Regional. Hasta la información difundida el 12 de octubre, no se habían detallado posibles detenciones ni se había informado sobre la situación jurídica del encargado señalado en la denuncia.
Por tanto, la presunta privación ilegal de la libertad y las amenazas forman parte de una investigación en curso, y corresponderá a las autoridades establecer las responsabilidades que procedan conforme a derecho.
EL CASO ABRE CUESTIONAMIENTOS SOBRE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN
Más allá del rescate, el caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de los establecimientos que ofrecen servicios de rehabilitación y sobre las garantías de las personas que ingresan para recibir atención.
La exigencia de dinero para permitir una salida, si se acredita ante las autoridades, supondría una situación que rebasa un desacuerdo ordinario por el pago de servicios. Esto, debido a las amenazas que presuntamente acompañaron la petición.
También resulta relevante conocer qué medidas existen para que las personas internadas y sus familiares puedan denunciar posibles abusos. Así como para verificar que estos establecimientos respeten la integridad, la seguridad y los derechos de quienes reciben tratamiento.
Sin embargo, la información difundida hasta el momento no permite determinar si el centro contaba con los permisos correspondientes, si había recibido denuncias previas o si las autoridades habían realizado inspecciones antes de estos hechos. Estos puntos permanecen sin aclarar.
INVESTIGACIÓN CONTINÚA SIN RESPONSABILIDADES DEFINIDAS
La Fiscalía estatal informó que continuará con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso se suma a los asuntos en los que la denuncia de familiares resulta determinante para activar mecanismos de intervención y protección. En esta ocasión, la presentación de la denuncia permitió que las autoridades obtuvieran una orden judicial y localizaran a la persona dentro del inmueble.
Mientras avanzan las investigaciones, será necesario conocer si existen elementos suficientes para proceder contra el encargado señalado y qué otras medidas se adoptarán respecto del establecimiento.
Por ahora, el dato central es que una persona fue rescatada después de que sus familiares denunciaron que se exigían 60 mil pesos para permitirle salir del centro, bajo presuntas amenazas. El esclarecimiento de los hechos y la determinación de posibles responsabilidades dependerán de los resultados de la investigación ministerial.
