Ocho años después del feminicidio de una profesora, cuyo cuerpo fue localizado en un paraje de Reyes Etla, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de un hombre identificado como C.C.C., señalado como probable responsable del crimen.
La captura representa un nuevo capítulo en un caso que desde su inicio estuvo rodeado de exigencias de justicia, reclamos del magisterio y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades encargadas de investigar la desaparición y muerte de la docente.
De acuerdo con la Fiscalía, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de aprehensión después de realizar labores de búsqueda y localización del sospechoso.
La dependencia precisó que el detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.
LA FGEO REABRE EL CAPÍTULO DE UN CRIMEN DE 2018
En su comunicado, la Fiscalía estableció como fecha clave el 28 de octubre de 2018, cuando fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en el paraje conocido como El Escobal, en jurisdicción de Reyes Etla.
Los estudios periciales y la necropsia determinaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación manual, según informó la propia institución.
La Fiscalía señaló que desde entonces inició investigaciones especializadas “con perspectiva de género” para esclarecer el feminicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.
Ocho años después, esa investigación derivó en una orden judicial contra C.C.C.
El comunicado, sin embargo, no detalla cuáles fueron los elementos de investigación que permitieron identificar al ahora detenido como probable responsable, ni explica qué circunstancias hicieron posible que la orden de aprehensión se concretara hasta 2026.
UNA DESAPARICIÓN QUE TERMINÓ EN FEMINICIDIO
El caso comenzó días antes del hallazgo. La integrante de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), había sido reportada como desaparecida el 22 de octubre de 2018.
Seis días después, policías y agentes de investigación localizaron un cuerpo femenino desnudo y en estado de descomposición en un paraje situado entre Reyes Etla y San Juan del Estado.
Sus familiares confirmaron posteriormente que se trataba de la profesora.
El hallazgo provocó indignación entre sus compañeros del magisterio, quienes acudieron al servicio forense para exigir que se aceleraran los procedimientos de identificación y reclamaron justicia por el crimen.
La entonces asesora jurídica de la Sección 22, Edith Santibáñez, encabezó parte de esas acciones.
LA FISCALÍA Y EL MAGISTERIO CHOCARON DESDE EL INICIO
La investigación estuvo marcada desde sus primeros días por un desencuentro entre la Fiscalía y la Sección 22.
La dependencia pidió que se respetara la solicitud de los familiares de mantener la investigación en reserva y cuestionó que el caso fuera utilizado para movilizaciones.
En aquel momento, la Fiscalía sostuvo que los familiares habían solicitado que no se proporcionara información a personas ajenas a las víctimas indirectas y que habían pedido a las organizaciones sociales “que dejen trabajar a esta Fiscalía, en quién depositan su confianza”.
La institución también señaló que los familiares solicitaban que el caso no fuera utilizado “como pretexto para movilizaciones y protestas”.
La postura generó una respuesta de la Sección 22, que rechazó que su exigencia de justicia fuera ajena al caso.
“FACULTA A ESTA SECCIÓN SINDICAL EXIGIR”
El magisterio defendió entonces su participación argumentando que la profesora era integrante activa de la organización sindical.
“Al ser una agremiada de nuestro sindicato registrada en la sábana sindical con cargo de Coordinadora Delegacional Político Organizativo de la D-II-44, faculta a esta sección sindical exigir al Fiscal del Estado respuestas puntuales”, sostuvo la Sección 22 en su momento.
La organización agregó que uno de los familiares de la víctima había solicitado el respaldo de sus compañeros para continuar con la búsqueda y presionar a las autoridades ministeriales.
Para el magisterio, la movilización también constituía una denuncia pública frente a la violencia contra las mujeres en Oaxaca.
“¿ACASO ES NORMAL QUE UNA MUJER… APAREZCA DESNUDA Y MUERTA?”
Otro de los cuestionamientos provino del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, que criticó la respuesta institucional tras el hallazgo.
El organismo cuestionó la falta de sensibilidad de la Fiscalía y puso sobre la mesa la obligación de investigar el caso bajo los protocolos correspondientes.
“¿Acaso es normal que una mujer que reportaron como desaparecida aparezca desnuda y muerta?”, cuestionó el grupo.
El señalamiento colocó desde entonces el caso en el centro de la discusión sobre la violencia feminicida y la obligación de las instituciones de investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.
OCHO AÑOS DESPUÉS, UNA DETENCIÓN
La Fiscalía General del Estado sostiene ahora que la investigación permitió obtener una orden de aprehensión contra C.C.C.
En su comunicado, la institución refrendó su compromiso con la investigación de delitos cometidos contra mujeres y con el acceso de las víctimas a la justicia, bajo los principios de debido proceso y perspectiva de género.
Pero la detención también deja preguntas pendientes sobre el prolongado tiempo transcurrido entre el crimen y la captura.
El comunicado de la FGEO no ofrece información detallada sobre las líneas de investigación desarrolladas durante estos ocho años, las pruebas que llevaron a solicitar la orden de aprehensión ni las circunstancias específicas que vincularían al detenido con la muerte de la profesora.
Esos elementos serán relevantes para conocer el alcance real de la investigación y evitar que una detención sea presentada como sinónimo de una sentencia.
EL CASO AHORA ESTÁ EN MANOS DE UN JUEZ
C.C.C. permanece a disposición de la autoridad correspondiente, por lo que su responsabilidad penal todavía deberá acreditarse mediante el procedimiento judicial.
La Fiscalía lo señala como probable responsable, no como culpable, una distinción fundamental mientras el proceso avanza.
La nueva etapa del caso deberá permitir esclarecer no sólo quién es responsable del feminicidio de María de la Luz Ruiz Cruz, sino también cuáles fueron las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte y qué ocurrió durante los años que transcurrieron antes de la aprehensión.
Para la familia de la víctima, la detención puede representar un avance en la búsqueda de justicia; para la sociedad, abre nuevamente el debate sobre los tiempos de las investigaciones por feminicidio y la capacidad de las instituciones para llevar estos casos hasta sus últimas consecuencias.
Ocho años después, la Fiscalía de Oaxaca vuelve a poner el expediente de María de la Luz Ruiz Cruz sobre la mesa. Ahora corresponderá al Poder Judicial determinar si los elementos reunidos por la investigación son suficientes para acreditar la responsabilidad del detenido.
