La violencia contra la prensa vuelve a encender las alarmas en México. Reporteros Sin Fronteras (RSF), acompañado por más de 40 medios nacionales, lanzó este miércoles un llamado directo al Estado mexicano ante la continuidad de los asesinatos de periodistas y la falta de resultados para esclarecer los crímenes.
“¿Cuántos de nosotros tendremos que morir todavía para que el Estado mexicano actúe?”, cuestionó la organización, en una acción conjunta que buscó colocar nuevamente la violencia contra los comunicadores en el centro de la discusión pública.
Como parte de esta iniciativa, medios de distintas regiones del país difundieron de manera simultánea un mensaje de alerta y una relación de periodistas asesinados desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024.
17 PERIODISTAS ASESINADOS DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
De acuerdo con el registro citado por RSF, 17 periodistas han sido asesinados desde el comienzo de la actual administración federal. La organización advierte que la situación mantiene a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Durante los primeros siete meses de 2026, los casos registrados representan un promedio cercano a un periodista asesinado cada mes, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia contra quienes realizan labores informativas.
RSF señala que buena parte de estos homicidios está relacionada con grupos del crimen organizado y cuestiona que la mayoría de los casos permanezca sin justicia.
El problema, advierte la organización, no termina con el asesinato. Cada crimen también genera temor entre otros comunicadores y puede modificar la manera en que se informa sobre asuntos delicados, particularmente en regiones donde las estructuras criminales tienen mayor presencia.
EL MIEDO TAMBIÉN SILENCIA
Artur Romeu, director de la oficina de RSF para América Latina, sostuvo que México no puede acostumbrarse a contabilizar periodistas asesinados como si se tratara de una estadística más.
La organización subraya que cada homicidio tiene consecuencias que van más allá de la víctima y sus familiares. Cuando un periodista es asesinado, amenazado o atacado, también se afecta el derecho de la población a conocer lo que ocurre en su comunidad.
Esta situación resulta especialmente grave en municipios y regiones donde los medios locales constituyen una de las principales fuentes de información sobre seguridad, corrupción, conflictos sociales y decisiones de las autoridades.
El temor a sufrir represalias puede derivar en autocensura, reducción de la cobertura de determinados temas o incluso el abandono de actividades periodísticas. El resultado es una población con menos información precisamente en los lugares donde conocer lo que ocurre puede ser más necesario.
RSF CUESTIONA LA FALTA DE RESULTADOS
La organización internacional pidió una respuesta coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales, así como entre fiscalías y el Poder Judicial.
El reclamo no se limita a detener a quienes ejecutan materialmente los homicidios. RSF exige que las investigaciones permitan identificar también a los autores intelectuales y responsables de ordenar los ataques.
La exigencia resulta relevante porque una investigación que únicamente alcanza a los ejecutores puede dejar intactas las estructuras que hacen posible la violencia contra periodistas.
Para RSF, la impunidad es uno de los principales factores que permiten que las agresiones continúen. Si los responsables no enfrentan consecuencias, el asesinato de un comunicador corre el riesgo de convertirse en otro expediente sin resolución.
PIDEN UN PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA
Ante la continuidad de los ataques, RSF planteó al Gobierno mexicano la creación de un plan nacional de emergencia para proteger a periodistas.
La propuesta contempla una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno, el fortalecimiento de las medidas de protección y mejores investigaciones sobre las agresiones.
También pidió revisar las fallas existentes en materia de prevención, protección y procuración de justicia para determinar por qué los mecanismos actuales no han logrado contener la violencia.
El planteamiento adquiere especial relevancia porque el gobierno de Sheinbaum inició con compromisos relacionados con la protección de periodistas y la generación de condiciones seguras para ejercer la profesión.
Sin embargo, la permanencia de los homicidios coloca esos compromisos frente a una realidad que sigue siendo crítica para numerosos comunicadores.
OAXACA, ENTRE LOS ESCENARIOS DE VIOLENCIA
El reclamo de RSF ocurre después del asesinato del comunicador Francisco Alejandro Leyva, ocurrido el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, mientras desayunaba.
Su muerte también provocó protestas y reclamos de justicia por parte de periodistas, quienes durante su funeral exigieron condiciones que permitan ejercer el oficio sin que informar represente una amenaza para la vida.
El caso vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de los periodistas locales, particularmente en entidades donde los comunicadores deben cubrir temas relacionados con violencia, delincuencia, conflictos políticos y problemas sociales.
Más allá de las cifras, el desafío para las autoridades consiste en demostrar que los asesinatos pueden investigarse de manera efectiva, que los responsables pueden ser llevados ante la justicia y que existen mecanismos capaces de prevenir nuevas agresiones.
Mientras eso no ocurra, la pregunta planteada por RSF permanece sobre la mesa: ¿cuántos periodistas más tendrán que morir antes de que la protección de la prensa deje de ser una promesa y se convierta en una política efectiva?
