El ofrecimiento de seguridad por parte del Gobierno de Oaxaca para la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Marta Araceli Cruz Jiménez, abrió un nuevo frente de confrontación entre la legisladora y autoridades estatales.
Después de que Cruz Jiménez advirtiera públicamente que teme por su vida y responsabilizara al gobernador Salomón Jara Cruz y al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, de cualquier situación que pudiera ocurrirle, el funcionario aseguró que ni él ni el mandatario la han amenazado y que incluso le han ofrecido medidas de protección.
“Ni el gobernador Salomón Jara ni su servidor hemos amenazado o tenido una actitud hacia su persona. Rechazamos categóricamente cualquier insinuación en este sentido”, afirmó Romero López durante la conferencia matutina.
El secretario sostuvo que ha mantenido comunicación directa con la legisladora y aseguró que la protección continúa disponible.
“Le he ofrecido personalmente también y vía teléfono seguridad. Elementos o medidas de protección necesarias para que a través de los mecanismos institucionales ella esté protegida. Me ha referido no necesitarlo”, señaló.
“NO VOY A PEDIR SEGURIDAD A QUIENES PROTEGEN A MI VIOLENTADOR”
Horas después, Cruz Jiménez respondió públicamente al funcionario y explicó por qué ha rechazado la protección ofrecida por el Gobierno estatal.
La legisladora sostuvo que no confía en las autoridades que actualmente le ofrecen seguridad debido a que, según su versión, mantienen dentro de la estructura gubernamental a Donato Vargas, a quien ella acusa de violencia y al que también relaciona con la desaparición de la activista y abogada Sandra Domínguez.
“Yo no iba a acceder a que ellos me cuidaran porque pues al final ellos mantienen a mi violentador en la estructura de gobierno y al violentador de muchas mujeres”, declaró.
Cruz Jiménez también cuestionó que Vargas continúe desempeñándose como coordinador de Delegados de Paz, pese a los señalamientos que, según afirmó, existen en su contra.
La diputada aseguró que esta situación le impide sentirse segura al solicitar protección precisamente a las autoridades que, desde su perspectiva, no han actuado frente a las denuncias que ha presentado.
SEÑALA FALTA DE AVANCES EN SUS DENUNCIAS
La legisladora ubicó el origen de su conflicto con Vargas varios años atrás y aseguró que desde entonces ha presentado señalamientos y denuncias que, a su juicio, no han tenido consecuencias legales.
Entre los asuntos que mencionó está una denuncia relacionada con un supuesto grupo de WhatsApp denominado “Sierra XXX”, en el que, de acuerdo con su relato, se difundían imágenes de mujeres con contenido denigrante.
Cruz Jiménez afirmó que en ese grupo habrían participado diversas personas vinculadas con instituciones públicas. También sostuvo que la problemática comenzó desde 2020, cuando Sandra Domínguez habría señalado a Vargas por su presunta relación con ese grupo.
Estas afirmaciones corresponden a lo expuesto públicamente por la diputada y no implican que las acusaciones contra las personas mencionadas hayan sido judicialmente acreditadas.
EL CASO DE SANDRA DOMÍNGUEZ, OTRO PUNTO DE CONFLICTO
Durante su pronunciamiento, la diputada también relacionó su postura con el caso de Sandra Domínguez, activista y abogada cuya desaparición ha generado una investigación y exigencias de esclarecimiento.
Cruz Jiménez afirmó que Vargas fue señalado por Domínguez antes de su desaparición y cuestionó que continúe dentro de la estructura gubernamental.
La legisladora calificó como una muestra de impunidad el hecho de que, según su versión, pese a las pruebas que ha presentado, no se haya procedido contra el funcionario.
“No se hace nada, que lo defiende el gobernador a pesar de que le demuestro pruebas”, sostuvo Cruz Jiménez.
“NO CONFÍO EN EL FISCAL”
La confrontación también alcanzó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Cruz Jiménez afirmó que tampoco tiene confianza en el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, debido a que, según aseguró, una denuncia que presentó contra Vargas permanece sin avances sustanciales.
“Aquí no confío en el fiscal Bernardo porque yo en su momento presenté mi denuncia contra Donato y la carpeta sigue detenida”, declaró.
La diputada agregó que continuará buscando que las investigaciones avancen y anunció que contempla realizar un plantón frente a la Fiscalía General de la República, además de participar en una mesa de trabajo con la secretaria Rosa Icela Rodríguez, según lo expresado durante su conferencia.
ROMERO: “ESTAMOS A LA ORDEN DE LA DIPUTADA”
Frente a los señalamientos, Jesús Romero López insistió en que la postura del Gobierno estatal es institucional y rechazó cualquier amenaza contra la legisladora.
“Nuestra postura con ella es institucional, no es personal”, afirmó.
El funcionario también sostuvo que, si Cruz Jiménez considera necesario contar con protección, las autoridades pueden activarla de manera inmediata.
“Si en este momento se requiriera, la instrucción que tengo del gobernador es procesarlo de inmediato, buscarla, reunirnos, pues para que ella esté tranquila, esté segura”, expresó.
Romero López pidió además evitar responsabilizar automáticamente al gobernador o al propio secretario por amenazas o hechos que, aseguró, no cuentan con elementos sustanciales que los vinculen.
UNA DISPUTA QUE VA MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD
El enfrentamiento entre la diputada federal y el Gobierno de Oaxaca no se limita ya a la posibilidad de otorgarle medidas de protección.
Cruz Jiménez sostiene que el problema de fondo es la falta de respuesta a las denuncias que, según afirma, ha presentado durante años y la permanencia de funcionarios a quienes acusa de violencia contra mujeres.
La legisladora también aseguró que continuará denunciando otros problemas que, desde su perspectiva, afectan al estado, entre ellos nepotismo, corrupción y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
“Yo vengo de una comunidad indígena pobre y que cuando nosotros tenemos ese acceso, nosotros como Federación se los enviamos para que se desarrollen, para que salgan de la pobreza, no para que unos cuantos funcionarios se enriquezcan”, afirmó.
Cruz Jiménez advirtió que mantendrá su lucha durante el último año que le queda como legisladora federal y expresó su deseo de que las amenazas que dice haber recibido no se concreten.
“Espero que en este año pues no me haga nada, que pueda tener yo acceso a esa justicia tan anhelada”, manifestó.
El conflicto queda así abierto: por un lado, el Gobierno estatal niega haber amenazado a la diputada y afirma estar dispuesto a brindarle protección; por el otro, Cruz Jiménez sostiene que no puede confiar su seguridad a las mismas autoridades que, según acusa, han permitido la permanencia de personas señaladas por violencia contra mujeres.
Finalmente, el fondo de sus acusaciones tendrá que ser determinado por las instancias competentes, mediante investigaciones y procedimientos que establezcan responsabilidades con base en pruebas y no únicamente en declaraciones públicas.
