Desde hace más de una década, las quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) contra diferentes autoridades, mantienen en las primeras posiciones a la Fiscalía General de Oaxaca, las autoridades municipales, el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) y la Secretaría de Seguridad.
En los informes anuales del organismo defensor, se muestra que un gran número de quejas en 2011 fueron contra las autoridades municipales con mil 222; seguidas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEO) con 470; y el IEEPO con 296.
En el periodo 2013-2014, por citar ejemplos, las autoridades señaladas con mayor frecuencia fueron nuevamente las municipales, seguidas por la PGJEO, la Secretaría de Seguridad Pública y el IEEPO.
Para 2020-2021, la Fiscalía General ocupó el primer lugar con 321 quejas, mientras que la Secretaría de Seguridad notificó 248, a diferencia de las 160 del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEO).
En los informes 2023-2024 y 2025-2026, la Fiscalía se mantuvo en la primera posición con 391 y 360, respectivamente, seguida del IEEPO con 344 y 286; y de la Secretaría de Seguridad con 188 y 219. De estas tres, solo la tercera mostró un aumento en el número de quejas.
Por violaciones a los derechos humanos, a la integridad y seguridad por actos de tortura, acceso a la justicia y a la verdad por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), apenas este sábado la DDHPO emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General.
En esta, se explica que dichas violaciones fueron cometidas en agravio de una persona que fue detenida por personas servidoras públicas de la AEI el 29 de octubre de 2014, cuando la persona agraviada fue detenida mientras conducía sobre la carretera 147, en jurisdicción de San Juan Bautista Valle Nacional.
Al señalar que durante la detención, la persona fue sometida a golpes, amenazas e intimidación, la Defensoría expuso que se tuvo acceso a los certificados médicos generados por la entonces PGJEO, mismos que dieron cuenta de las múltiples lesiones ocasionadas al agraviado durante su detención.
También se valoraron dictámenes médicos y psicológicos independientes, y se emitieron los propios de esta institución protectora de los derechos humanos.
RECOMENDACIONES
La DDHPO emitió la Recomendación 13/2026, dirigida a la Fiscalía, tras acreditar violaciones a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal por actos de tortura, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración y al derecho a la verdad.
Asimismo, la DDHPO documentó inactividad e inadecuada integración de la carpeta de investigación iniciada para investigar dicho delito por parte de las autoridades ministeriales, a pesar de que la indagatoria fue ordenada por un tribunal desde noviembre de 2015.
El expediente se mantuvo en trámite sin lograr su judicialización, por lo que, la falta de una investigación pronta y diligente, derivó en una vulneración al derecho a la procuración de justicia.
Asimismo, dado que la víctima falleció en reclusión en octubre de 2024, sin que el Estado le procurara justicia en vida, se estima que también se transgredió, de forma irreparable, su derecho a la verdad.
