La diputada Analy Peral Vivar presentó ayer una iniciativa con proyecto de decreto en el que propone prisión para quien pague de manera indebida para obtener una plaza o servicio en la administración pública estatal.
“La presente iniciativa plantea la creación de un nuevo tipo penal, en el artículo 240 Quater, para tipificar la conducta de quien paga una cantidad de dinero o algún otro beneficio para obtener una plaza o servicio, con lo cual se busca cerrar ese círculo de corrupción”, explicó la diputada.
En sesión ordinaria del Congreso del Estado, recordó que este delito de tráfico de plazas y servicios solo sanciona exclusivamente a quien obtiene un beneficio económico derivado del ofrecimiento de una plaza o servicio, pero no a quien, con pleno conocimiento y voluntad, entre ese dinero o beneficio.
EROSIONA EL ESTADO DE DERECHO
En la exposición de motivos, destacó que la corrupción no es un fenómeno aislado, sino un sistema de relaciones de poder que erosiona las bases del Estado de Derecho.
“En el estado de Oaxaca, el acceso al empleo público y la obtención de servicios estatales, han sido, históricamente, vulnerable a prácticas de nepotismo y de corrupción. Esto porque la obtención de un empleo en el servicio público no siempre se realiza cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en la ley”.
De tal manera, se propone imponer una pena de tres a seis años de prisión y multa de 200 a 600 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a la persona que, por sí o por interpósita persona, obtenga un empleo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público, entregando un lucro o beneficio económico, eludiendo los procedimientos o requisitos establecidos en la ley para tal efecto.
