La madrugada del 25 de junio de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga escalonada para el registro obligatorio de líneas móviles hasta diciembre. La razón oficial fue que el padrón reúne alrededor de 63 millones de líneas, equivalentes al 43.6 % del total de líneas activas en el país. Es decir, más de la mitad de los usuarios aún no ha realizado el trámite.
Desde el 9 de enero de 2026, la administración de Claudia Sheinbaum impulsó la obligación de vincular cada línea telefónica con una identidad real mediante nombre y CURP. El objetivo es eliminar el anonimato en la telefonía móvil y dificultar la operación de extorsionadores y defraudadores, considerando que las extorsiones telefónicas aumentaron 17.1 % durante 2025. Sin embargo, el debate no gira en torno a la existencia del problema, sino a si el mecanismo propuesto es proporcional y genera la confianza suficiente entre la ciudadanía.
Las dudas tienen antecedentes. México ya intentó crear registros similares con el RENAUT, en 2009, y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), aprobado en 2021 y declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2022 por exigir datos biométricos de manera desproporcionada.
Para evitar un nuevo revés legal, el Congreso aprobó a finales de 2025 un nuevo esquema que prohíbe solicitar biometría o digitalizar documentos oficiales. Además, establece que la información permanecerá resguardada por las empresas de telefonía y no en una base de datos centralizada del gobierno.
No obstante, persiste el temor ciudadano sobre el uso de la información personal. Aunque el modelo contempla almacenamiento descentralizado, especialistas advierten que los datos podrían concentrarse mediante disposiciones posteriores y que las operadoras están sujetas a requerimientos de las autoridades. A ello se suman los antecedentes de filtraciones de información gubernamental y la preocupación de que estos registros puedan utilizarse para vigilar a periodistas, activistas, opositores o ciudadanos en general.
Este registro telefónico coincide con otras medidas encaminadas al fortalecimiento de los controles de identidad. A partir del 1 de julio de 2026, las instituciones bancarias solicitarán identificación oficial y un dato biométrico para depósitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos. Paralelamente, el Banco de México mantiene el desarrollo de una moneda digital de banco central (CBDC), que permitiría un seguimiento mucho más preciso de las transacciones financieras.
De manera conjunta, estas medidas configuran una estructura tecnológica que incrementa la capacidad del Estado para conocer aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos. Sus promotores sostienen que fortalecerán la seguridad y combatirán diversos delitos, mientras que sus críticos advierten sobre los riesgos que implican para la privacidad y la protección de datos personales.
Desde el punto de vista jurídico, especialistas consideran viable promover amparos una vez que las líneas sean suspendidas por incumplir el registro, con base en los artículos 6, 7 y 16 de la Constitución, que protegen la privacidad y la autodeterminación informativa. Sin embargo, también señalan que el verdadero desafío consiste en fortalecer las garantías institucionales mediante una legislación robusta en materia de protección de datos, una autoridad autónoma que supervise su cumplimiento y reglas claras que impidan el acceso gubernamental a esta información sin autorización judicial.
Más allá de la tecnología, el debate refleja un dilema político y social: cómo equilibrar la seguridad pública con la protección de los derechos fundamentales en una sociedad cada vez más digitalizada.
