• Cuestionan a FGE
• Agobia Violencia
La desilusión o el desencanto frente a los nuevos partidos políticos es un fenómeno recurrente que responde a una brecha estructural entre las expectativas ciudadanas de cambio y el funcionamiento real del sistema electoral. Muchas “nuevas” opciones suelen estar encabezadas por figuras políticas provenientes de partidos tradicionales, lo que genera la percepción de que no representan una alternativa real, sino una estrategia para conservar prerrogativas y cuotas de poder.
A poco de que inicien las hostilidades político electorales, los oaxaqueños advierten que en lugar de nacer de movimientos sociales orgánicos con agendas programáticas profundas, algunos partidos se constituyen como plataformas puramente electorales (partidos “satélite” o “atrapalotodo”) orientados a captar el mínimo de votación requerido para mantener el registro y el financiamiento público.
La ciudadanía suele resentir que la creación de nuevas fuerzas políticas implique fragmentar el presupuesto público en un esquema multipartidista, especialmente cuando estos partidos no logran una representatividad sustancial en las urnas o pierden el registro tras su primera contienda.
Cuando las promesas de romper con las “viejas prácticas” se diluyen al llegar al ejercicio legislativo o de gobierno -adoptando dinámicas de negociación opacas o pragmatismo desmedido-, el desencanto original se profundiza, alimentando el abstencionismo o la desafección democrática.
Hoy por hoy los partidos tienden a percibirse como estructuras cerradas que compiten formalmente entre sí, pero que actúan de manera unificada para proteger sus propios privilegios, financiamiento y cuotas de poder, alejándose de las demandas reales de la calle. La ciudadanía evalúa a los partidos por sus resultados en el gobierno o el poder legislativo.
Cuando problemas estructurales como la inseguridad, la corrupción o la desigualdad económica persisten sin importar qué partido gane, el electorado concluye que el cambio de siglas no altera la realidad. El pragmatismo extremo y las alianzas electorales entre partidos ideológicamente opuestos -justificadas únicamente por la rentabilidad electoral- terminan por desdibujar sus principios. El ciudadano común percibe que “todos son iguales”.
… A VUELO DE PÁJARO
Obligado por la presión de familiares y amigos, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla anunció una investigación interna tras la denuncia de la familia de la menor víctima de presunto abuso sexual en una escuela de Santo Domingo Tehuantepec. Los padres de la menor afirmaron que aun cuando denunciaron penalmente al profesor en dos ocasiones, han tenido que enfrentarse a la burocracia y corrupción en el Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM) de Juchitán de Zaragoza, donde la ministerio público les solicitó 50 mil pesos para agilizar su proceso. Además de negarse a recibir declaraciones de más víctimas, lo que derivó en la liberación del profesor tras la primera denuncia.
Violencia
Con el argumento de que la violencia que se ha registrado en Miahuatlán de Porfirio Díaz es una “mezcla de temas políticos, sociales y delincuenciales”, la Fiscalía General de Oaxaca justificó la agresión al presidente municipal, César Figueroa y al expresidente municipal, José Alberto Martínez Luna. La exigencia ciudadana e institucional hacia la Fiscalía por la falta de resultados, la dilación en las investigaciones y los altos índices de impunidad es un reclamo histórico y constante en la entidad, abanderado principalmente por colectivos de familiares de víctimas, organizaciones feministas y defensores de derechos humanos. Reto para Rodríguez Alamilla. ¿Podrá?
Derechos
Trabajadores de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO) se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en un conflicto que ha escalado debido a una combinación de deudas financieras, incertidumbre jurídica y demandas de mejora laboral. Denuncian los efectos del decreto que modificó su régimen laboral, al trasladarlos al Apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Tal cambio los ha dejado en un “limbo jurídico y laboral” sin reglas claras de operación. Bloquea el crecimiento profesional y la promoción interna del personal, no ha regularizado plenamente sus condiciones ni sus prestaciones a tres años de su implementación, minando la certeza laboral de los docentes y administrativos.
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