El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, ocurrido el pasado 13 de junio desnudó que en Oaxaca persiste el primitivismo político y las divergencias se definen con violencia. El edil fue atacado por un grupo armado que ingresó a su domicilio y le disparó en repetidas ocasiones, privándolo de la vida en el lugar.
Bravo Martínez había solicitado protección semanas antes tras sufrir amenazas y una agresión previa. El asesinato confirmoó la incapacidad institucional para prevenir ataques contra funcionarios que enfrentan riesgos relacionados con su actividad pública.
CINCO ALCALDES ASESINADOS DESDE 2022
Con la muerte de Joel Ángel Bravo, suman cinco presidentes municipales o alcaldes electos asesinados en Oaxaca desde finales de 2022.
Uno de los casos más impactantes ocurrió el 15 de junio de 2025, cuando la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, fue asesinada durante un ataque armado perpetrado dentro del Palacio Municipal. Hombres armados irrumpieron en el edificio y dispararon contra la alcaldesa y otras personas que se encontraban en el inmueble. En el mismo hecho también perdió la vida un funcionario municipal.
Un mes antes, el 15 de mayo de 2025, Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, fue asesinado en una emboscada mientras transitaba por un camino de la Sierra Sur. El ataque dejó varias víctimas mortales y provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en la región.
Otro caso que conmocionó a Oaxaca fue el de Román Ruiz Bohórquez, alcalde de Candelaria Loxicha, asesinado en octubre de 2024 tras ser atacado con un arma blanca cerca de su domicilio. Aunque recibió atención médica, falleció debido a la gravedad de las heridas.
La lista también incluye a Crispín Hernández Vásquez, alcalde electo de San Pedro Mixtepec, quien fue asesinado en diciembre de 2022 antes de asumir el cargo para el que había sido elegido bajo el sistema de usos y costumbres.
LA VIOLENCIA POLÍTICA TAMBIÉN GOLPEA A CANDIDATOS
La problemática no se limita a quienes ocupan un cargo público. Durante el proceso electoral de 2024 también fueron asesinados candidatos a presidencias municipales.
Uno de los casos más graves fue el de Alberto Antonio García, candidato a la alcaldía de San José Independencia, quien fue secuestrado junto con su esposa, entonces presidenta municipal en funciones. Días después, ella fue localizada con vida, mientras que el aspirante fue hallado sin vida con evidentes signos de violencia.
Otro episodio ocurrió en Santo Domingo Armenta, donde Yonis Atenógenes Baños Bustos, candidato del PRI a la presidencia municipal, fue asesinado la noche de la jornada electoral cuando los resultados preliminares lo colocaban con ventaja en la contienda.
EX ALCALDES TAMBIÉN HAN SIDO BLANCO DE ATAQUES
La violencia tampoco ha distinguido entre funcionarios en activo y quienes ya concluyeron su gestión.
Entre los casos registrados en los últimos años destacan los asesinatos de Arturo de Jesús Leyva, expresidente municipal de San Andrés Huaxpaltepec; Heberto Luis Zacarías, exalcalde de San Blas Atempa y líder transportista del Istmo; así como Filemón Bernardo Hernández, exautoridad municipal de San Juan Cotzocón.
En varios de estos expedientes las líneas de investigación apuntaron a conflictos políticos, disputas económicas o tensiones comunitarias que persistieron incluso después de que los involucrados dejaran el cargo.
ESTELA DE SANGRE EN REGIONES
Los homicidios de alcaldes, candidatos y exfuncionarios se han registrado en regiones tan diversas como la Mixteca, la Costa, el Istmo de Tehuantepec, la Sierra Sur, la Sierra Mixe y la Cuenca del Papaloapan.
Esta dispersión geográfica revela que no existe una sola causa detrás de los ataques. Especialistas señalan que factores como conflictos agrarios, disputas políticas locales, presencia de grupos delictivos, control territorial y pugnas por recursos económicos forman parte de un escenario complejo que incrementa los riesgos para las autoridades municipales.
IMPUNIDAD
A pesar de la gravedad de los casos, muchas investigaciones continúan abiertas y sin resultados concluyentes. La falta de detenciones o sentencias en varios de los homicidios ha alimentado la percepción de impunidad y ha generado preocupación entre presidentes municipales de distintas regiones.
El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez vuelve a exhibir una realidad: ejercer un cargo público en Oaxaca puede representar un riesgo permanente. Los enemigos políticos también son un factor, mientras las autoridades buscan esclarecer los crímenes, persiste el desafío de garantizar condiciones de seguridad para quienes encabezan los gobiernos municipales y fortalecer las estrategias de prevención en una entidad donde la violencia política sigue cobrando vidas.
