Ayer, 7 de junio, se conmemoró una fecha instituida por el presidente Miguel Alemán para celebrar la “libertad de expresión”, un derecho escrito en la Constitución de 1917, pero nada efectivo cuando se trataba de criticar al gobierno. Antes, y ahora también, ha sido una fecha incómoda.
El momento actual para la prensa es difícil como en aquellos años. El ejercicio de este derecho le ha costado la vida a cientos de reporteros que han querido ejercer el papel del auténtico periodista: ser un contrapeso del poder y no una foca que solo sabe aplaudir. Pero no solo eso, el régimen populista desde 2018 ha venido desmontando una tras otras las instituciones que garantizaban un equilibrio entre poderes.
Este régimen decidió que ser un crítico es un obstáculo. Ya acabó con los organismos autónomos, después destrozaron al Poder Judicial para instalar a militantes obedientes más que jurisconsultos independientes. Hoy le carcome las entrañas al gobierno la tentación de concentrar cada vez más poder en un solo proyecto político, convencido de representar por sí mismo la voluntad popular.
Desde la Independencia, México ha tenido una democracia imperfecta. Nació incompleta, con instituciones cuestionadas y con enormes desigualdades sociales. Sin embargo, con la salida del PRI de Los Pinos en el año 2000, se logró construir la mejor etapa de la incipiente democracia que hemos vivido hasta 2018. Había equilibrios que de alguna forma impedían que una sola fuerza concentrar todo el poder. Gracias a esas instituciones pudieron llegar al poder quienes hoy están desmantelando al país.
El discurso oficial se llena con una narrativa de supuesta transformación democrática. Muchos de quienes ejercemos la libertad de expresión a través de los medios vemos algo diferente: la sustitución gradual de una democracia imperfecta por un modelo cada vez más dependiente de la voluntad del grupo gobernante.
El populismo oficial comprendió algo fundamental, pero perverso. Resulta más sencillo gobernar cuando la gente recibe dinero en efectivo. Las transferencias sociales pueden ser una herramienta legítima para combatir la pobreza, pero se convierten en un instrumento político cuando se presentan como dádivas personales del gobernante y no como derechos financiados por los contribuyentes.
Atreverse a criticar esta situación es someterse al discurso oficial que te califica como conservador y como enemigo del pueblo. El gobierno, usando recursos del erario, mantiene a grupos en redes sociales dedicadas únicamente a atacar y desprestigiar a los críticos. Ante esta situación el debate se empobrece y se lleva al nivel de porrismo del que provienen los que hoy gobiernan. Ser crítico en México está en camino de convertirse en delito debido a las propuestas de cambios a la Constitución.
El desmantelamiento de la democracia mexicana no se detuvo con la colonización de la autoridad electoral, tanto del INE como del Tribunal Electoral. Surge ahora una reforma constitucional que habla de una abstracta injerencia extranjera como causante de nulidad electoral. Esto, en palabras muy simples, quiere decir que, cuando Morena no gane, podrá arrebatar impunemente la elección amparados en la defensa de la soberanía nacional. La ambigüedad de la reforma deja en manos del ejecutivo la última palabra, un ejecutivo que hoy concentra el poder como pocas veces en la historian nacional, lo que en los hechos es una característica de una dictadura y no de una democracia.
Nuestra Historia nos muestra que las libertades no morirán por decreto, el gobierno las está debilitando poco a poco bajo argumentos en apariencia razonables. Siempre existe una justificación noble: proteger a la nación, defender al pueblo o preservar la estabilidad. El problema aparece cuando esas causas se utilizan para limitar el pluralismo político.
Por eso, la prensa libre se ha convertido en la última trinchera.
No hablo de los medios que funcionan como oficinas alternas de comunicación gubernamental ni de quienes intercambian crítica por privilegios. Hablo de los periodistas que investigan, preguntan, documentan y contradicen al poder cuando es necesario.
Cuando las instituciones se debilitan, el periodismo adquiere una responsabilidad histórica. Es la última línea de defensa entre el ciudadano y el poder sin vigilancia. Es el espacio donde todavía pueden formularse preguntas incómodas. Es el lugar donde los hechos siguen importando.
La libertad de expresión no existe para proteger discursos complacientes. Existe para proteger las voces que incomodan al gobierno de turno. Cuando una sociedad pierde la capacidad de cuestionar a quienes gobiernan, termina perdiendo mucho más que la libertad de prensa: termina perdiendo la libertad misma.
