Integrantes de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño iniciaron ayer un bloqueo por tiempo indefinido en las inmediaciones de la Terminal de Abastecimiento y Despacho de Pemex, lo cual generaría una saturación en las gasolineras y un desabasto del combustible en los próximos días.
En su segunda semana de movilizaciones, los trabajadores de la educación acordaron también la toma de las casetas de peaje de San Pablo Huitzo y Barranca Larga-Ventanilla, donde permitieron el libre paso de miles de automovilistas.
Entre los acuerdos también se contempló el bloqueo al crucero del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, donde dificultaron el acceso y salida de cientos de usuarios, visitantes nacionales y extranjeros, por al menos cinco horas.
El bloqueo de la Sección 22 fue aprovechado por un grupo de taxistas foráneos que retuvo varias unidades del Binnibus y se unió a la movilización, pero para mostrar su rechazo al reordenamiento vial que puso en marcha la Secretaría de Movilidad.
Los taxistas de la zona conurbada de Oaxaca demandaron su ingreso a las calles del Centro de la Ciudad, así como una mesa de diálogo con las autoridades de la dependencia.
Cerca de las 14:00 horas, las y los sindicalizados acordaron retirar el bloqueo y concentrarse solo en los accesos hacia el Aeropuerto, donde las y los usuarios tuvieron que buscar otras vías para poder llegar a tiempo.
De acuerdo a la Sección 22, el bloqueo a la planta de Pemex, en Santa María El Tule, será el único que será permanente, como sucede con el plantón en el Zócalo de Oaxaca y el paro indefinido de labores en más de 10 mil escuelas de educación básica.
En la ciudad de Oaxaca se concentra el 80% de la membresía del magisterio oaxaqueño y el 20% en la capital del país, al sumarse a la huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que inició apenas el 1 de junio.
Las demandas centrales del movimiento nacional son la abrogación de la Ley del ISSSTE y de la Reforma educativa Peña-AMLO, así como el aumento salarial del 100% directo al sueldo base, reinstalación de trabajadores cesados “por la represión política y administrativa”, aumento al presupuesto público a educación y salud, entre otras.
