La organización ambientalista Greenpeace México presentó dos denuncias formales por el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México entre febrero y abril de 2026, un incidente cuyos efectos alcanzaron más de mil 100 kilómetros de litoral, desde Tabasco hasta Tamaulipas.
Las acciones legales fueron interpuestas ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de investigar presuntas omisiones, responsabilidades administrativas y daños ambientales derivados del desastre.
La organización sostiene que la contaminación afectó ecosistemas estratégicos como manglares y el Corredor Arrecifal del Golfo de México, zonas consideradas fundamentales para la biodiversidad marina y para la economía de comunidades pesqueras de la región.
CONTAMINACIÓN AVANZÓ DURANTE SEMANAS
De acuerdo con monitoreos satelitales y reportes ciudadanos citados por Greenpeace, la presencia de hidrocarburos comenzó a detectarse desde el 1 de marzo en zonas costeras comprendidas entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco.
Con el paso de las semanas, la mancha contaminante se habría expandido hacia otros puntos de Veracruz y Tamaulipas, mientras habitantes denunciaban afectaciones ambientales y riesgos sanitarios.
La organización ambientalista acusó falta de reacción oportuna por parte de las autoridades y de Pemex para contener la emergencia, así como deficiencias en la atención a las comunidades afectadas.
ACUSAN OCULTAMIENTO Y FALLAS EN PEMEX
La denuncia presentada el 27 de mayo ante Pemex solicita investigar posibles actos y omisiones del entonces director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, además de otros funcionarios relacionados con el manejo de la contingencia.
Greenpeace fundamentó parte de sus señalamientos en declaraciones realizadas por la propia petrolera durante una conferencia del 16 de abril, donde Pemex reconoció irregularidades en la atención del derrame.
Entre los hechos señalados destacan la pérdida de integridad mecánica de un oleoducto que no habría sido reportada de inmediato, el ocultamiento de información relacionada con agua oleosa recuperada y una demora de ocho días para cerrar totalmente la válvula principal tras detectarse la fuga.
PIDEN JUSTICIA AMBIENTAL Y TRANSPARENCIA
En la denuncia popular presentada ante la ASEA el pasado 4 de mayo, Greenpeace exige identificar a los responsables de la contaminación y garantizar la restauración integral de los ecosistemas afectados.
Además, demanda mecanismos efectivos de alerta temprana, protección a las comunidades costeras y un manejo adecuado de los residuos contaminantes recolectados durante las labores de limpieza.
La organización también denunció posibles desigualdades en la atención institucional, al señalar que las acciones de limpieza se concentraron principalmente en zonas turísticas y de fácil acceso, mientras comunidades rurales e indígenas habrían permanecido rezagadas.
SHEINBAUM CUESTIONA INFORMACIÓN DE GREENPEACE
En medio de la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente una infografía difundida por Greenpeace sobre la dimensión de la mancha de hidrocarburos, al considerar que “no reflejaba la situación real” del Golfo de México.
Incluso, durante una conferencia, la mandataria federal leyó parte de un comunicado donde la organización ambientalista reconocía imprecisiones en una imagen previamente difundida.
Pese a ello, Greenpeace mantiene sus exigencias de transparencia, rendición de cuentas y acceso público a toda la información relacionada con el derrame y sus consecuencias ambientales.
EXIGEN MEDIDAS PARA EVITAR NUEVAS EMERGENCIAS
Como parte de sus demandas centrales, la organización pidió que Pemex, ASEA, Semarnat y Profepa implementen protocolos claros de prevención, respuesta y atención sanitaria ante futuros derrames en aguas mexicanas.
Finalmente, el caso pone de relieve la discusión sobre la seguridad de la infraestructura petrolera nacional, la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales y la rendición de cuentas en torno a los impactos ecológicos de la industria energética.
