Un proceso civil por la custodia de un menor de edad escaló al terreno penal. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició la búsqueda de la señora Eugenia Márquez Macías, señalada por la presunta sustracción de su propio hijo, Pedro Isaí Sánchez Márquez, de apenas un año de edad, tras violar las restricciones legales impuestas por un tribunal.
DESACATO Y MISTERIOSA MUDANZA
El conflicto legal se originó dentro de un juicio de guarda y custodia. Un Juzgado de lo Familiar le había dictado a la madre una medida cautelar estricta: la prohibición absoluta de cambiar de residencia mientras se resolvía la situación jurídica del infante.
La falta penal se descubrió cuando un notificador del juzgado acudió al domicilio oficial registrado en la agencia municipal de San Martín Mexicápam. En el lugar, los vecinos informaron al funcionario que la mujer había empacado sus pertenencias y abandonado el inmueble sin dejar rastro, consumando así un presunto desacato a la autoridad judicial.
ALERTA DE FUGA AL NORTE DEL PAÍS
Tras confirmarse la desaparición de la mujer y el infante, el padre del menor se presentó ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL) para interponer la denuncia por el delito de sustracción de menores.
Dentro de las indagatorias ministeriales trascendió que Eugenia Márquez cuenta con una credencial de elector con domicilio en la ciudad de Tijuana, Baja California, lo que encendió las alarmas de las corporaciones de seguridad ante una inminente huida hacia el norte de la República con el fin de evadir la justicia oaxaqueña.
SEÑAS PARTICULARES PARA SU LOCALIZACIÓN
Ambos fueron vistos por última vez el pasado viernes 08 de mayo de 2026 en San Martín Mexicápam. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar al pequeño Pedro Isaí mediante las siguientes características:
- Edad: 1 año.
- Seña particular: Un lunar negro muy visible en la mejilla derecha.
- Vestimenta: Short de color claro, playera y calcetines en color negro.
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación y ha solicitado la colaboración de fiscalías de otros estados para frenar el traslado del menor y garantizar su integridad física.
