A pesar de que autoridades estatales han negado la existencia de una cifra de 33 activistas asesinados en Oaxaca desde el inicio de la actual administración, una organización civil mantiene su registro y ha difundido una lista con nombres de las víctimas. Con ello, señalando que los casos sí ocurrieron y forman parte de una tendencia sostenida de violencia.
La información difundida por Servicios para una Educación Alternativa (Educa) detalla que entre diciembre de 2022 y 2025 han sido asesinadas decenas de personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios en distintas regiones del estado.
EL REGISTRO DE LAS VÍCTIMAS
De acuerdo con el recuento presentado por la organización, los casos incluyen a Ana Cristina García, asesinada en diciembre de 2022. Así como una serie de homicidios registrados en 2023, entre ellos Constantino Silvestre Luis (23 de enero), Leodegario Cruz de Jesús, Gabina Martínez de Jesús y María Ramírez Martínez (9 de febrero), Martíniano de Jesús Osorio (27 de marzo), Félix Vicente Cruz (13 de abril), Hortensia Felipe Santiago (3 de mayo), Gertrudis Cruz de Jesús (15 de junio), Cliserina Cruz Ramírez (16 de junio), Noel López Gallegos (4 de julio), Mario Reyes Ramírez (3 de diciembre) y Humberto Cruz Ortiz (19 de diciembre).
En 2024 se documentan, entre otros, los asesinatos de Palemón Vásquez Cajero (18 de marzo), Mario Hernández Martínez (15 de junio), Lorenzo Santos Torres (18 de julio), Rafael González López (25 de julio), Vicente Ramírez Santiago (30 de julio), Daniel Bautista Vásquez (13 de septiembre), Sandra Estéfana Domínguez (4 de octubre), Gerardo Cruz Palacios (7 de octubre), Filiberto Santos Cruz y Victoriano Flores Ramírez (6 de noviembre), así como Rigoberto Martínez Sandoval y las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García (11 de noviembre).
Para 2025, el listado incluye a Arnoldo Nicolás Romero (21 de enero), Wilfrido Atanacio Cristóbal, Victoriano Quirino y Abraham Quirino (13 de febrero), Cristino Castro Perea (28 de febrero) y Cándido Santiago López (30 de noviembre).
DISPUTA POR LA VERIFICACIÓN DE CIFRAS
Mientras organizaciones civiles insisten en la validez del conteo, las autoridades han cuestionado la interpretación de los datos. Así como su clasificación como homicidios vinculados a la labor de activismo. Esta discrepancia ha generado un cruce de versiones que no ha sido plenamente aclarado con información pública detallada.
El punto de choque no solo es el número total, sino la caracterización de las víctimas como defensoras o defensores de derechos humanos. Un elemento clave para dimensionar el contexto de los asesinatos.
UN TEMA QUE SIGUE ABIERTO
Más allá de la disputa estadística, el recuento reabre el debate sobre la seguridad de personas que participan en procesos comunitarios y de defensa territorial en Oaxaca. Así como la capacidad institucional para prevenir y esclarecer estos crímenes.
