Un sujeto llamado Juan Gabriel, identificado como líder de una organización social en Santa María Huatulco, fue detenido este martes por su presunta participación en un esquema de fraude e invasión de predios, relacionado con la ocupación irregular de aproximadamente 900 lotes.
Los terrenos se ubican en la zona del Puente Todo Santos, detrás del aeropuerto local. Donde, según las investigaciones, se promovió la toma organizada de los espacios con la participación de decenas de personas convocadas previamente.
CONVOCATORIA Y ENGAÑO
De acuerdo con las indagatorias, el ahora detenido habría coordinado reuniones y llamadas telefónicas con representantes de colonias y barrios. A quienes solicitó documentación y citó para concentrarse en el lugar con el objetivo de ocupar los terrenos.
Para atraer a más participantes, difundió una versión que resultó falsa:
que la invasión “contaba con instrucciones directas de la presidenta de la república”.
Este señalamiento fue desmentido por las autoridades, quienes subrayaron que no existe respaldo oficial para este tipo de acciones.
INVESTIGACIÓN Y POSIBLES DELITOS
La detención ocurre días después de que se iniciara por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación formal en su contra, al detectarse la posible organización sistemática de invasiones con fines económicos.
Autoridades señalan que el detenido cuenta con antecedentes en este tipo de prácticas, de las cuales presuntamente habría obtenido beneficios personales. Además, advirtieron que quienes participaron en la ocupación ilegal de los terrenos también podrían enfrentar consecuencias legales.
De acuerdo con el Código Penal Federal, los hechos podrían encuadrar en varios delitos:
- Despojo de inmueble (artículo 395), con penas de tres meses a cinco años de prisión, que aumentan si se comete en grupo.
- Fraude (artículo 386), por atribuir falsamente instrucciones de autoridad para obtener beneficios, con penas de hasta doce años.
- Usurpación de funciones (artículo 211), por invocar de manera indebida la autoridad pública.
Incluso, si se comprueba que estas acciones fueron organizadas de forma reiterada, podría configurarse el delito de asociación delictuosa.
UN PROBLEMA RECURRENTE
El caso pone nuevamente en evidencia un fenómeno persistente en distintas regiones del país: la ocupación irregular de tierras promovida por líderes que utilizan la necesidad de vivienda como mecanismo de organización, pero también como posible vía de lucro.
Más allá de la detención, el hecho deja abierta la discusión sobre la vulnerabilidad de quienes buscan acceso a un terreno y terminan involucrados en procesos legales, así como la falta de mecanismos efectivos para atender la demanda social sin recurrir a prácticas ilegales.
