El escándalo por el uso de recursos públicos para el presunto arrendamiento de la camioneta de lujo al servicio de la secretaria del Bienestar, Tequio e Inclusión, Vilma Martínez Cortés sigue escalando, pues la diputada del Partido del Trabajo, Aracely Cruz, adelantó que solicitará documentos oficiales que respalden la renta del vehículo y justificaciones legales para dicho alquiler.
La ex presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec Vilma Martínez Cortés, fue nombrada titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti) el 3 de diciembre de 2024 por el gobierno de Salomón Jara.
Luego de ser exhibida por usuarios de redes sociales por el empleo de una camioneta de lujo, presuntamente de su propiedad, incluso por muchos ciudadanos de su natal Tehuantepec, Martínez Cortés se vio obligada a “explicar” que la camioneta de más de 2 millones de pesos usada para transportarse “era rentada”.
La funcionaria permanece sin aclarar quién cubre las facturas tras asegurar que su vehículo “estaba en el taller” y se rentó para moverse en sus visitas de trabajo y la camioneta machuchona está al servicio de la Sebienti.
LA DEMANDA DESDE SAN LÁZARO
Por ello, en un video grabado en el palacio federal de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados federal, la petista Aracely Cruz adelantó que solicitará el contrato de arrendamiento del automotor, la justificación legal para arrendarlo, el costo del contrato y la razón social con la cual se signó la prestación del servicio.
Los usuarios de redes sociales han afirmado que no es la única camioneta en la que se transporta o propiedad de la funcionaria que hace poco más de un año dejó de ser presidenta municipal de Tehuantepec y la contradicción al ser funcionaria en el gobierno de uno de los estados más pobres del país.
La legisladora federal adelantó que su solicitud será presentada por la vía legal a Leticia Elsa Reyes López. titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. “¿Qué estamos solicitando? Que nos compartan el contrato de arrendamiento y/o la razón legal que sustente la contratación del servicio. La razón social a la cual se contrató, el procedimiento de contratación sea por adjudicación directa, licitación o concurso cerrado, el monto total pagado, el período por el cual fue utilizada y las actividades oficiales que justificaron su contratación”, explicó la legisladora federal
