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A pesar de los avances legales en materia de igualdad de género y participación política, la violencia política contra las mujeres continúa siendo una realidad persistente en Oaxaca. Este fenómeno refleja no solo una resistencia estructural al liderazgo femenino, sino también la permanencia de prácticas patriarcales profundamente arraigadas en la vida política y social del estado.
La persistencia de la violencia política contra las mujeres en Oaxaca evidencia que la paridad numérica no es suficiente para garantizar una democracia incluyente. Se requieren cambios culturales profundos, fortalecimiento institucional y mecanismos efectivos de protección para las mujeres que participan en la vida pública.
En los últimos años, las reformas electorales han impulsado la paridad de género en los cargos públicos. Sin embargo, la presencia formal de mujeres en la política no ha eliminado las múltiples formas de violencia que enfrentan. Presidentas municipales, regidoras, síndicas y candidatas suelen ser objeto de intimidaciones, campañas de desprestigio, amenazas e incluso agresiones físicas. En muchos casos, estas acciones buscan obligarlas a renunciar o limitar su capacidad de ejercer el cargo para el que fueron electas.
Aunque los sistemas comunitarios han sido fundamentales para la organización social, también pueden convertirse en espacios donde la participación política de las mujeres es cuestionada o restringida. Esto genera tensiones entre el respeto a la autonomía comunitaria y la garantía de los derechos políticos de las mujeres donde la impunidad sigue siendo un factor clave que permite la continuidad de estas prácticas.
Muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos casos. Cuando se presentan denuncias, los procesos suelen ser lentos y poco efectivos, lo que envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia.
Mientras la violencia siga siendo un obstáculo para su participación, el sistema político continuará reproduciendo desigualdades que limitan el desarrollo democrático de la sociedad oaxaqueña.
…. A VUELO DE PÁJARO
Crece la inconformidad de los diferentes grupos y corrientes al interior de la Sección 22 de la CNTE, pues ya advirtieron que las expresiones de “inconformidad” en contra el Gobierno de Oaxaca es un verdadera puesta en escena, para que antes del inicio de los eventos oficiales de distribución de equipamiento tecnológico en distintas regiones del estado, fijen posicionamientos políticos ante sus bases y presentar los insumos como conquistas de su movilización. Si bien el discurso resalta que los recursos son “una conquista emanada de la movilización permanente” y el gobierno no puede adjudicarse logros que pertenecen al movimiento educativo, en esencia son “valores entendidos”.
Juicio
Decididos a cuestionar y criticar cada acción el gobierno de Salomón Jara Cruz, el Partido del Trabajo (PT) interpuso un Juicio de Revisión Constitucional Electoral (JRC) que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca turnará para su análisis a la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Acusa la ineficaz tutela judicial del TEEO; la violación al Debido Proceso Judicial y, en consecuencia se negó la justicia al pueblo de Oaxaca. Argumenta la cadena de irregularidades desde la reforma al primer proceso de revocación de mandato en Oaxaca, entre ellas, utilizar el padrón de beneficiados para la recolección de firmas y cientos de publicaciones, anuncios espectaculares, lonas, volantes promoviendo la imagen del gobernador que estaría en la boleta el 25 de enero de 2026.
Enojo
Debido a que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca intentaron retirar cámaras de seguridad que habían sido colocadas por vecinos de la Segunda Etapa del fraccionamiento El Rosario, se desató la indignación y el enojo. Mientras unos aseguran que los equipos forman parte de una estrategia comunitaria para proteger a las familias, otros advirtieron que fueron colocadas en la vía pública de manera ilegal, motivo por el cual pidieron la intervención del C5, para que sean los encargados de manejar esas cámaras y despejar todo tipo de especulaciones.
Trivia-lidades
¿Será verdad que Vilma Martínez Cortés, ex presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec y actual funcionario del Gobierno Estatal está en capilla? La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 268 millones 281 mil pesos en su gestión
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