El investigador Ysidoro Yescas señala la opacidad como el cáncer en UABJO, práctica también recurrente en la presente administración del rector Cristian Carreño. Explica que rendir un informe implica detallar cómo se aplicaron los recursos, bajo qué criterios, con qué resultados académicos y administrativos concretos”, lo cual no ha realizado Carreño.
En el ámbito estudiantil, la reacción ha sido diversa. Algunos liderazgos de la Federación Estudiantil de Oaxaca (FEO) participaron activamente en los eventos partidistas, viendo en ellos oportunidades de inserción política.
Pero también existe inconformidad. Estudiantes independientes cuestionan la suspensión de clases y el uso de recursos institucionales —seguridad, limpieza, electricidad— para actividades que no impactan directamente en su formación académica.
Yescas es más severo: sostiene que los movimientos estudiantiles orgánicos prácticamente han desaparecido y que los sindicatos concentran la capacidad de movilización.
Rendición de cuentas y deterioro académico
Más allá del conflicto político, el investigador advierte un problema estructural: la falta de transparencia y el descuido académico.
“Presenta su informe, pero no rinde cuentas del manejo de los recursos federales y estatales. ¿Para qué presenta un informe? Es una simulación”, afirma sobre la actual administración.
Señala ausentismo docente, sobrepoblación de plazas y grupos reducidos. Mientras tanto, la universidad depende mayoritariamente de recursos federales, con una aportación estatal que considera mínima frente al nivel de injerencia política.
El tercer informe: cifras, reducción de deuda y reclamos de opacidad
En su Tercer Informe de Actividades (2022–2026), el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Cristian Carreño, presentó la Dimensión III: Buen Gobierno y Sostenibilidad Financiera como uno de los ejes centrales de su gestión.
El documento sostiene que la administración recibió en mayo de 2022 una deuda total de 356 millones 312 mil 391 pesos, desglosada en:
- ISR federal por salarios y asimilables: $54,192,714.11
- Impuesto sobre erogaciones (2% y 3%): $207,106,564.00
- Tenencia y uso de vehículos: $145,430.00
- Laudos laborales: $94,867,682.90
Al corte del 31 de mayo de 2025, según el informe, el pasivo general asciende a 247 millones 786 mil 379 pesos, lo que implicaría una reducción cercana a los 108 millones de pesos.
Uno de los rubros que la rectoría destaca como logro es la disminución de la deuda por laudos: de casi 95 millones a 34 millones 50 mil pesos.
El informe también subraya:
- Optimización de procesos para formalizar convenios federales y estatales.
- Agilización en la ministración de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
- Implementación de control digital en la Dirección de Ingresos.
- Publicación trimestral de obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia.
- Incremento salarial del 4% en comparación con 2023.
- Atención a auditorías federales y estatales (2022 y 2023 concluidas; 2024 en proceso).
En el discurso institucional, la narrativa es clara: estabilidad, contención del déficit y orden administrativo.
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La crítica: informe sin rendición de cuentas
Sin embargo, el maestro Isidoro Yescas Martínez cuestiona no solo el fondo sino la forma.
Primero, señala que el documento no fue publicado en la página oficial de la universidad, lo que limita el acceso público a la información. Segundo, sostiene que el informe “no rinde cuentas como tal”.
“Presenta su informe, pero no rinde cuentas del manejo de los recursos federales y estatales. ¿Para qué presenta un informe? Es una simulación”, afirma.
Desde su perspectiva, enumerar pasivos y reducciones no equivale a transparentar el ejercicio del gasto. La rendición de cuentas —subraya— implica detallar cómo se aplicaron los recursos, bajo qué criterios, con qué resultados académicos y administrativos concretos.
UN PROBLEMA INSTITUCIONAL
La crítica se inserta en el debate más amplio sobre autonomía y gobernanza: si el rector concentra decisiones políticas y administrativas, pero los informes no son plenamente accesibles ni desglosan el uso detallado del presupuesto, el problema no es solo financiero, sino institucional.
En un contexto de sucesión rectoral y creciente tensión por la influencia externa, el tema presupuestal adquiere un peso estratégico: la sostenibilidad financiera es el argumento central de la rectoría para mantener una relación estrecha con el poder estatal; la transparencia es la exigencia central de sus críticos.
La discusión, entonces, no se limita a cuánto debe la universidad, sino a quién y cómo se le rinde cuentas.
¿Reforma o refundación?
Para Yescas, la salida no es un ajuste superficial. “Se requiere una nueva ley orgánica, no una reforma”, enfatiza. La propuesta implica reestructurar de fondo el modelo electoral, administrativo y académico.
Entre las medidas urgentes plantea:
- Transparentar la integración del Consejo Universitario.
- Hacer públicas las trayectorias académicas y políticas de los aspirantes.
- Garantizar el cumplimiento estricto de los lineamientos vigentes.
- Exigir rendición de cuentas antes del relevo rectoral.
Sin voluntad del Ejecutivo, del Congreso y de la propia rectoría, advierte, cualquier intento quedará en promesa.
La prueba decisiva
La UABJO no solo enfrenta una elección interna; enfrenta una prueba de identidad institucional. Entre disputas sindicales, presencia partidista y un marco legal endeble, la autonomía universitaria se encuentra en una zona gris.
Si la injerencia ya no se discute, sino que se normaliza, y la universidad guarda silencio ante el uso partidista de sus espacios, ¿está la comunidad dispuesta a defender su autonomía real o terminará aceptando que la UABJO deje de ser un contrapeso crítico para convertirse, definitivamente, en una extensión política del poder en turno?
