La Comisión Federal de Competencia Económica descubrió que, al menos durante dos años, las aerolíneas establecían en común acuerdo los precios de sus rutas sin la autorización correspondiente.
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Las conductas sancionadas consistieron en contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre sí, cuyo objeto y efecto fue establecer coordinadamente los precios que cobrarían a los usuarios de sus servicios de transporte aéreo.
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