Ante las expresiones de inconformidad por parte de habitantes de diversos municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), indicó que una vez validada la elección no es responsabilidad del organismo.
La siguiente instancia en dar seguimiento sería el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), el cual tiene la facultad de impugnar los procesos realizados, confirmó Luis Miguel Santibáñez Suárez, secretario Ejecutivo.
Pobladores del municipio de Santiago Xanica exigen la anulación del proceso electoral en el que resultó electa, Aída Hernández, porque aseguran no se llevó a cabo en la hora, fecha programada.
Encabezados por Juan Carlos Ramírez, excandidato a presidente municipal de Xanica, exigieron que se invalide la asamblea realizada el pasado 6 de octubre, donde resultó ganadora Aída Hernández, quien es una de las 20 presidentas municipales electas de los procesos electorales que se celebraron en 404 municipios de sistemas normativos indígenas de Oaxaca.
En tanto, inconformes y molestos con los resultados, pobladores de Santiago Choapam, exhibieron la destitución del administrador municipal, Misael Cruz Hernández y exigir el nombramiento de un Consejo Municipal de Administración.
Denunciaron que el Comisionado de Gobierno en su municipio, Antonio Cabrera, no responde a las necesidades de la comunidad, por lo que exigen su destitución, ya que no se tienen obras de beneficio común y no saben en que aplica los recursos.
En tanto, habitantes de San Baltazar Loxicha protestaron para exigir que el TEEO invalide la constancia como presidente municipal a Atenogenes Jiménez Martínez, ya que supuestamente esta persona fue impuesta por el edil de San Pablo Coatlán, Abraham López Martínez.
Los inconformes, señalaron al IEEPCO no haber respetado los acuerdo de la asamblea del 19 de Septiembre 2019, en el que se votó que Gerardo Alvarado García, fuera el nuevo edil.
Mientras que los pobladores de habitantes de San Sebastián Tutla solicitaron que el Congreso garantice el respeto a sus derechos, para que ninguna instancia intervenga en las decisiones de la comunidad.
