Negocio en auge y la guerra por el agua en Oaxaca

El crecimiento de estos negocios ha sido tal que rebasó ya la capacidad de las autoridades sanitarias para su verificación, desplazando a toda una industria que, aunque tiene una gran demanda, se ha transformado y ofrece alternativas, sin embargo el riesgo crece debido al descontrol sobre la regulación de las purificadoras.

Según la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada (ANPDAPAC), México ocupa el segundo lugar mundial en el consumo de agua embotellada per cápita y el número uno en América Latina.

De hecho, 52 por ciento de toda el agua en botella que se comercializa en esta región corresponde a México. Las presentaciones del agua embotellada son variadas: las de 250, 350 y 500 mililitros, y litro y medio son las más redituables. Sin embargo, el agua de garrafón representa 83 por ciento del volumen de ventas.

SED EN OAXACA

En Oaxaca se comercializan marcas como Indapura, H2O Azul, Donají, Súper Agua y Cristal. Amén de las firmas de empresas nacionales e incluso de importación.

Las purificadoras son pequeños negocios que se dedican a la desinfección, embotellamiento y distribución de agua en garrafones de 20 litros, operan de forma local y su precio oscila entre los 7 y 15 pesos.

Su aparición es resultado del reforzamiento de creencias sobre la mala calidad del agua potable y a que encontraron un nicho de mercado en una amplia capa de hogares de bajos ingresos en México que no tienen dinero suficiente para comprar garrafones de marca.

Se abastecen de agua de la red pública o de pipas para llenar sus depósitos, operan con sistemas de purificación sencillos y tienen pocos controles por parte de las Secretarías de Salud y de Hacienda.

Sin embargo, Jorge Narváez Pérez, integrante del Foro Oaxaqueño del Agua, advirtió que muchas no dan mantenimiento a sus equipos, tienen poco personal y distribuyen a hogares cercanos al negocio.

Muchas operan de manera clandestina, por lo que hay ahorro en permisos y pago de impuestos; los costos de controles y verificaciones sanitarias, al no ser recurrentes, no dan mantenimiento continuo a sus filtros.

A pesar de no tener controles sanitarios rigurosos, y no tener control del sitio de donde se obtiene el agua que venden, ya que muchas compran agua de pipa, tampoco pagan impuestos y no tienen una buena calidad, el consumo en los hogares principalmente de bajos ingresos ha ido en aumento.

Las empresas publicitan un Despachador Automático de Agua para la venta de garrafones, sin la necesidad de contar con una gran estructura y su facilidad para operar “permite que tú mismo puedas ser el primero y único empleado”.

Un pequeño local (20 metros cuadrados), permisos sanitarios de la localidad, permiso para operar una pequeña planta purificadora, una planta purificadora, una mesa llenadora y una mesa para lavado de garrafones, son suficientes para vender este producto.

El equipo necesario para la purificación de agua se llama: Planta Purificadora de Agua, este es necesario para eliminar los niveles de calcio, magnesio y sólidos que contiene el agua no potable que nos llega por las tuberías municipales, pipas de agua o por cualquier otro medio.

LA MUERTE TIENE SED (Fragmento de “El Agua o la Vida” de J. Jesús Lemus)

La denuncia por la falta de agua en Putla Villa de Guerrero fue una de las banderas que enarboló Hilario González Domínguez, uno de los fundadores del MULT. Este profesor insistió ante el gobierno de José Murat, y luego ante el de Ulises Ruiz, que se evitara la entrega de concesiones a particulares para la extracción de materiales pétreos de los afluentes alimentadores de la zona. Su gran preocupación es que esto abriera las puertas a grandes empresas mineras.

La lucha de Hilario González Domínguez se vio truncada la tarde del 3 de agosto de 2005, cuando se encontraba en un local de comida en el centro de Putla, donde recibió 13 impactos de bala de parte de tres agresores; en el lugar de los hechos fueron detenidos Claudio Solano Cruz y Francisco Osorio de Jesús, ambos funcionarios del gobierno estatal asociados con la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui.

La denuncia pública de saqueo de recursos naturales al amparo del gobierno estatal y la lucha de Heriberto Pazos para esclarecer el asesinato de su compañero tuvo repercusiones: el 23 de octubre de 2010, Heriberto fue asesinado en la ciudad de Oaxaca por dos sicarios que viajaban en una motocicleta. Poco les importó a los homicidas que el líder de la MULT estuviera custodiado por tres escoltas asignados por el propio gobierno del estado tras las amenazas de muerte que había denunciado.

En su gestión como líder de la UNIT, Heriberto Pazos denunció el desplazamiento que se estaba registrando por la falta de agua en algunas localidades de San Andrés Chicahuaxtla y Santo Domingo, en Putla, así como de San Martín Itunyoso y San José Xochixtlán, en Tlaxiaco, y de San Juan y San Miguel Copala.

Hoy día, en el municipio de Tlaxiaco, sólo las asociaciones de usuarios de la Unidad de Riego Ejido Ojo de Agua, para el Desarrollo Rural El Boquerón II y Ojo de Agua Tlaxiaco Oaxaca, cuentan con permisos para el uso de hasta 2 millones 45 mil 856 m3 de agua al año, a los que se suma el consumo que hacen las Unidades de Riego, Atotonilco, El Rincón, El Vergel, La Hierbabuena, La Providencia, El Llano Yosovee, Los Granados, Mexicalcingo, Río de Tablas, Río Yutatoto y San Vicente, que en total consumen un millón 691 mil 536 m3 de agua al año.

Así, mientras las comunidades triqui de la zona de Tlaxiaco se han visto en la necesidad de migrar por carencia de agua, el gobierno federal ha cedido en propiedad a los núcleos agrarios más de 3 millones 737 mil 390 m3 de agua al año; lo que contrasta con la cantidad que se entrega al sistema municipal para el suministro a la población, el cual obtiene 2 millones 581 mil 79 m3 de agua al año por medio de nueve pozos.

Otro ejecutado a causa de la defensa del agua y el territorio en la zona triqui de Oaxaca fue José Merino Fernández. El 12 de enero de 2015, un comando armado se lo llevó cuando llegaba a su domicilio, tras haber participado en una reunión con los dirigentes del MULT. No se volvió a saber nada de él hasta que su cuerpo apareció, con visibles huellas de tortura y un balazo en la cabeza, en la carretera que va de Putla a La Joya.

El asesinato de José Merino Fernández fue atribuido a un secuestro que en apariencia no tenía nada que ver con su lucha social, según se estableció en las indagatorias de la procuraduría estatal. El crimen se atribuyó a una célula del llamado Cártel del Istmo, cuyo líder era Pedro Díaz Parada, pero el ministerio nunca ahondó en las razones del secuestro. José Merino no contaba con recursos suficientes como para haber atraído la atención de los plagiarios.

Lo mismo sucedió con Cirilo Castañeda Guzmán, el iniciador del movimiento de defensa del territorio triqui, quien fue asesinado en marzo de 2006 en el centro ceremonial de San Juan Copala luego de haber reclamado directamente al gobernador Ulises Ruiz la decisión de abrir las concesiones de uso de agua a núcleos agrarios que tenían convenios económicos con trasnacionales interesadas en la producción de granos básicos a gran escala.

A causa de la defensa del territorio indígena también fueron ejecutados Marciano Martínez Cruz y Rafael Hernández Cisneros, quienes habían extendido la resistencia al despojo hacia la zona de Santiago Juxtlahuaca. En esta región, una de las más pobres del estado, se ha intensificado la escasez del agua tras el despojo de las autoridades federales, al anteponer el suministro para cultivos agrícolas antes que para la población.

Conagua no puede negar concesiones

Por ley, la Conagua debe entregar los volúmenes a quien los solicita primero. Al inicio el organismo otorgaba las concesiones por 50 años, pero recientemente redujo el periodo a 30.

Para Elena Burns, directora del Centro para la Sustentabilidad IncalliIxcahuicopa, de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco, el origen del fenómeno estriba en que la Conagua no puede negar asignaciones.

De los 653 acuíferos nacionales, 105 están sobrexplotados, 32 presentan sedimentos salinos y agua salobre, mientras 18 sufren intrusión del mar, según las Estadísticas del agua en México 2018, elaboradas por la Conagua. De acuerdo con esos datos, docenas de concesiones se centran en acuíferos menguantes y suponen un riesgo para el aprovisionamiento del líquido en esas regiones.

En 2017 México tuvo agua renovable por 451 mil 585 millones de m3. La disponibilidad media del recurso cayó de 18 mil 35 m3 anuales por habitante, en 1950 a 3 mil 656 en el año citado, mientras personas físicas y morales acumulan millones de m3.

Otras beneficiarias son las cerveceras. Entre ellas, la Compañía Cervecera del Trópico, subsidiaria de Grupo Modelo-AB Inbev, que se agenció cuatro concesiones el 12 de junio de 2003 por 6 millones 400 mil m3 en Tuxtepec, Oaxaca; Cervecería Modelo obtuvo el 17 de mayo de 1996 dos entregas en la entonces delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, por 4 millones 750 mil m3.