Pese a leyes y unidades especiales, no para la violencia contra las mujeres

En vísperas de que el mundo conmemore el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer este 25 de noviembre, los reportes de feminicidios en México siguen a la alza.

Puebla amaneció hace dos días con la noticia de que vecinos del municipio de Zapotitlán Salinas, en la Mixteca Poblana, encontraron el cuerpo de una mujer de unos 40 años que tenía varias heridas de un arma punzocortante. Por las condiciones en las que se encontró el cadáver, se presume que murió desangrada.

A ese caso se suma el de Génesis Gibson, la joven venezolana que despareció cuando iba a Puebla y que fue encontrada muerta en un hotel de la Ciudad de México. El de Lesvy Osorio, asesinada en Ciudad Universitaria, también en la capital. El de Valeria, de 11 años, que desapareció luego de abordar una combi, en Neza, Estado de México. Y el de Mara, asesinada por un conductor de la empresa Cabify, en Puebla.

De enero a junio de 2017, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha registrado 784 asesinatos de mujeres en tan sólo 13 estados del país: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa y Colima.
Al cierre del año pasado, en 2016, se registraron 2,813 asesinatos de mujeres, mientras que en 2015 fueron 2,383. Es decir, 430 mujeres más murieron asesinadas, un promedio de ocho por día. Esa incidencia coloca a 2016 como el ciclo más mortífero para las mujeres en los últimos 27 años. Falta ver cómo termina 2017.

Las entidades que presentaron las tasas más altas, el año pasado, fueron: Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

El balance que se puede hacer, en el Día Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, es que en México estamos en una situación grave, dice María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF). “A diario sabemos de mujeres que desaparecieron y las encontraron asesinadas bajo patrones cada vez más brutales”.

Hay múltiples factores para esto, pero tres son los principales: sigue imperando la cultura machista que considera a la mujer como un objeto propiedad del hombre; los grupos del crimen organizado están replicando este abuso del cuerpo de la mujer como mercancía, como objeto, y hay una alta tasa de impunidad, que permite un ambiente de permisibilidad.

Sobre este último punto han levantado la voz diversos colectivos en los días previos al 25 de noviembre, para señalar que en México lo que se tiene son “castillos de arena”, como nombra Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres, a los mecanismos, instituciones y protocolos que se han creado en todo el país para erradicar, prevenir y sancionar la violencia. Las activistas dan ejemplos contundentes de esto.

Cuando un homicidio se produce después de una violación sexual, cuando hay un ataque puntual a los órganos sexuales de la mujer, si existe una relación de confianza con el asesino o cuando es obvio que el crimen fue por el género de la víctima, las autoridades deben tipificarlo como feminicidio, pero se siguen negando a hacerlo. Esta resistencia, coinciden Estrada y Pecova, se debe a la intención de esconder el problema de que en México se está matando a las mujeres por su condición de género. De los 784 asesinatos registrados por el OCNF en 2017, solo 49 % es investigado como feminicidio.

Al no tipificar así un asesinato, la pena para el responsable es menor, y se fomenta un ambiente de impunidad, ya de por sí grave por la falta de investigaciones adecuadas en el proceso de procuración de justicia. Familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil han estado denunciando errores, omisiones y encubrimientos en las carpetas de investigación que se abren por los asesinatos a mujeres.

El puro cascarón

Después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009, por el asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez en un Campo Algodonero (como se le conoce al caso), al Estado mexicano se le pidió que garantice la no repetición. La principal política pública que se generó para cumplir fueron los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum). “La idea es que en estos, las víctimas tengan todos los servicios que puedan necesitar, explica Pecova, desde el policía que les tome la demanda, un psicólogo, un médico, ludoteca para dejar a sus hijos, sala de juicio para que se divorcien del agresor (si es su esposo), hasta sala de empoderamiento económico”.

Eso en el papel, pero EQUIS Justicia para las Mujeres encontró, a través de solicitudes de información, que de los 31 centros que la autoridad reporta en el país, solo funcionan 20. En su informe sobre el tema, la organización asienta que estos operan con un enfoque unidi­mensional: se centran solo en la persecución de delitos. Más grave aún, algunos documentos de creación contienen estereotipos de género.

“No tienen un diagnóstico, señala Pecova, no saben cuántas mujeres deben atender y piden presupuesto sin saberlo, quién sabe de dónde sacan los montos que solicitan. Tampoco tienen criterios para seleccionar a las directoras: no les piden conocimiento ni experiencia en temas de género o derechos humanos”.

La activista señala que estos centros no tienen un staff propio. “El poder judicial les da una jueza, el ministerio público un policía, pero le siguen rindiendo cuentas a su institución original, así que si el poder judicial trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde, la jueza se va a esa hora, o el policía, y estos centros deben operar 24X7, porque la mayoría de los casos de violencia se da en la madrugada. Llegan las mujeres a las 2 de la mañana y no hay quien las atienda”.

El uso de los dineros es otra cuestión. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) otorga recursos a los Cejum. De 2010 a 2016 les canalizó 150 millones de pesos. Sin embargo, dice el informe de EQUIS Justicia para las Mujeres, su distribución es desigual y no obedece a ca­racterísticas sociodemográficas, a la antigüedad o las necesidades específicas de cada uno. El Cejum de Zacatecas, por ejemplo, recibió presupuesto desde 2014 y empezó a operar hasta 2016.

A las solicitudes de información de la organización, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas señaló que su Cejum no contó con presupuesto de origen federal desde su creación a la fecha solicitada, cuando Conavim informó haberle asignado 5 millones de pesos.

En cuanto al presupuesto estatal, en todos los Cejum la cantidad de presupuesto asignado es menor a la del ejercido. Lo que habla de la poca transparencia en el manejo de los recursos. En el Estado de México, en el centro de Amecameca, los recursos estatales autorizados de la fecha de apertura a noviembre de 2016 ascienden a 15 millones y medio de pesos, pero de esos solo se ejercieron 5 millones 600 mil pesos. En Saltillo, Coahuila, se autorizaron 37 millones de pesos, pero solo se ejercieron poco más de 16 millones.

Mejor hagamos un tamal

Otro mecanismo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres son las Unidades de Género del Poder Judicial, que tienen como objetivo asegurar que todos los operadores de justicia del país incorporen la perspectiva de género en su trabajo.

Sin embargo, “cuando metimos solicitudes de información para saber en qué estaban gastando el dinero – dice Pecova- nos encontramos con que lo gastan en actividades que no van de acuerdo a su objetivo”. La Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial de Guerrero reportó entre sus activi­dades el concurso del tamal dietético y nutritivo. Otras se dedicaron a reforzar estereotipos: a las trabajadoras del Poder Judicial de Tlaxcala les dieron estuches de maquillaje como regalo de día de las madres.

Además, los poderes judiciales han gastado millones de pesos para “capacitar” a su personal y esto no ha servido para mejorar la perspectiva de género en el acceso a la justicia de las mujeres. En 2009, por ejemplo, el Poder Judicial del Estado de Veracruz recibió casi 35 millones de presupuesto para capacitación. “Ahí está el tribunal que sacó la sentencia en el caso de Dahpne Fernández y Los Porkys”, señala Pecova.

La principal instancia encargada de dar capacitación a los poderes judiciales de los estados es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que prácticamente se dedica, en el tema de feminicidios, a eso, a dar capacitación, según lo que explica su titular, Adriana Lizárraga.

La fiscal comenta que los feminicidios no son delitos del fuero federal, a menos que se planeen en territorio mexicano y se cometan en el extranjero o viceversa, o en caso de que el homicida sea un funcionario federal, de otra forma, esta instancia no puede atraer los casos.

“En diciembre cumplo un año en la fiscalía y tenemos una investigación por feminicidio y estamos integrando una carpeta, pero no podemos atraer los casos que no son federales, porque no nos competen. Necesitaríamos que el Congreso nos apoye a legislar para que tengamos competencia en este delito”.

Ante eso, la fiscalía creó un protocolo para feminicidio y otro para integrar las carpetas con perspectiva de género. “Hemos detectado que en las procuradurías no saben diferenciar entre un homicidio y un feminicidio, entonces los estamos capacitando. El problema es que hay una alta rotación de personal. Los capacitamos y luego los cambian de área o les piden la renuncia, y hay que volver a capacitar”. Sobre si hacen evaluaciones para analizar el impacto de los cursos en la actuación de las autoridades, la fiscal dice que sí.

Animal Político: ¿Los evalúan (a los participantes) después de los cursos?

Adriana Lizárraga: Sí, supervisamos que los ministerios públicos apliquen los protocolos

AP: ¿Cómo los evalúan?

AL: Estamos haciendo capacitaciones constantes, y detectamos si hubo cambios de funcionarios para volver a capacitar y estamos trabajando en replicadores.

Sin prevención y sin freno

De acuerdo con la información recabada por el INEGI a finales de 2016, la violencia contra las mujeres está extendida en todo el país: 30.7 millones de mujeres han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez a lo largo de su vida.

Los datos revelan que no se trata de actos aislados sino de un patrón general. En todas las entidades, más de la mitad de las mujeres ha experimentado agresiones de tipo emocional, sexual, físico o económico.

La información indica que 43.9 % de las que tienen o tuvieron al menos una relación de pareja ha enfrentado agresiones del esposo, la pareja actual o la última. Además, la mitad (53.1 %) sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja, ya sea en el trabajo, la escuela o algún lugar público. Son las jóvenes quienes se encuentran más expuestas, sobre todo las de edades de entre 20 a 34 años, 70 de cada 100 mujeres de esas edades ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.

Estas agresiones son, en muchos casos, el anuncio de algo mayor: un feminicidio. Hay muchos casos documentados en los que la pareja golpeaba o violentaba a la mujer de manera repetida antes de asesinarla. Muchas mujeres acudieron a denunciar esto, pero las autoridades no actuaron para protegerlas.

“Cuando las mujeres acuden a denunciar esta situación ante las autoridades, no se hacen análisis de riesgos y no se emiten órdenes de protección. Hay muchos feminicidios que se pudieron evitar, pero de 2 mil casos de violencia familiar que se denuncian, apenas se emiten órdenes de protección para el 5 %”, asegura la directora de OCNF.

Sobre las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres emitidas en 12 entidades, las mismas organizaciones que las solicitaron han venido denunciando que no están funcionando como deben, por lo que piden mayor alcance y fiscalización.

La Conavim emitió un proyecto para reformar el reglamento de AVG, pero diversas organizaciones, como la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia y el OCNF se quejan de deficiencias en este proyecto.

“Nosotras ya hicimos una propuesta al gobierno, a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Conavim, para que se fortalezca el mecanismo. Estamos pidiendo que haya un seguimiento a la actuación de las autoridades e indicadores de resultados”, dice Luz Estrada.

También plantearon que haya un mecanismo de sanción para las autoridades y medidas precautorias o de urgencia cuando se identifique una zona de riesgo para las mujeres.

“Queremos, además, que en el grupo de trabajo para la AVGM haya no solo académicas, como está pasando ahora, sino expertos técnicos en las temáticas específicas en desaparición de personas, en criminalística”, agrega. Las activistas esperan ahora que sus peticiones sean escuchadas.