Dawn Marie Paley llegó a México en 2008, un año después de que Felipe Calderón tomara la Presidencia de la República e iniciara lo que a base de repetición mediática se conoció posteriormente como “la guerra contra el narco”. En ese año, la “estrategia”, había comenzado el camino que una década después sumaría más de 160 mil muertos por ataques armados entre bandas del crimen organizado y de éstas con fuerzas policiales.
Aunque las pruebas del fracaso de esa “guerra” se multiplican desde diversos frentes: el número de drogas que se envía a Estados Unidos continúa incrementando, como lo ha reportado Naciones Unidas, el consumo de enervantes en México ha crecido, hoy hay más armas en el mercado y, además, el asesinato contra periodistas se ha multiplicado, Marie, autora del libro Drug war capitalism (Capitalismo antidroga), tiene una tesis distinta: El fracaso no existe porque el objetivo de la guerra, en México, en Colombia o en Guatemala, nunca fue acabar con las drogas.
Paley, que colabora con diversos medios como The Guardian, intuyó el camino que seguiría la guerra contra el narco de Felipe Calderón gracias a las investigaciones que previamente realizó en Colombia, donde la política estadounidense había apoyado financieramente un proyecto similar al mexicano, el Plan Colombia.
“Acabar con el tráfico de drogas nunca fue el objetivo, se habla mucho de drogas pero en la realidad hay tres ejes que se impulsan con la guerra antidrogas: financiamiento para reformas políticas, como las estructurales, para realizar privatizaciones; el segundo, militarización formal, con el Ejército y la Policía Federal, como se ha formalizado con la Ley de Seguridad Interior; y la paramilitarización del país”.
En el tercer punto, asegura, aunque en México la presencia de grupos paramilitares es mínima respecto al país sudamericano, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias como principal exponente, se utilizó a los cárteles de la droga para generar un control social paralelo al del Estado.
“En Colombia fue muy claro que con los recursos para la militarización del país hubo un auge de los grupos paramilitares, aquí el ejemplo es Ayotzinapa, la verdad histórica dice que Guerreros Unidos asesinó a los normalistas, pero los hechos demuestran que tienen tendencias paramilitares, que trabajaron de la mano de policías de Cocula y fuerzas estatales que estuvieron esa noche, muchos son expolicías. Ayotzinapa es el caso más estudiado y dejó claro que no hay grupos criminales separados del Estado”.
Control social
Para la periodista, la secuencia de los acontecimientos ha afirmado su hipótesis de que más que las drogas se busca un control social amplio en el territorio, donde con el pretexto de detener el tráfico de drogas se han asegurado territorios en conflicto por la defensa de sus recursos naturales.
“Lo que se logra es la expansión del capital a través del territorio en zonas atractivas para la minería”. En esas zonas, Paley documentó las agresiones cometidas contra activistas que defendían su territorio, entre ellos Bernardo Vázquez, líder de pobladores de san José del Progreso que se oponían a la operación de la minera canandiense Fortune Silver y quien fue “una clave esencial para entender los conflictos por el territorio”.
Además de los defensores de derechos humanos y opositores a los proyectos del capital trasnacional en el país, Paley apunta que los periodistas han sido otras de las víctimas principales de este episodio de violencia en el país, que además destaca por la falta de condiciones para la realización de la labor.
“Las condiciones no son propicias para hacer grandes investigaciones, no hay dinero para ello, hay pocas oportunidades para financiar un trabajo de investigación, que es muy caro y, además, es muy peligroso. El salario mínimo del periodista creo que son 140 pesos al día. ¿Quién va a arriesgar su vida por eso?”.
Para Paley, el debate sobre si lo que vive en México es una guerra o no, resulta innecesario, “puede ser una reflexión filosófica, pero nos están matando”.
