Una mujer policía, de 26 años de edad, perdió la vida tras intentar suicidarse debido a que era víctima de extorsión por parte de su expareja sentimental, quien difundió un video de contenido sexual en redes sociales.
La joven, identificada como Belén San Román, era parte del cuerpo de policía de Argentina, específicamente del Comando de Patrullas Rural, y también era madre de dos menores.
La víctima era acosada sexualmente en Internet por parte de su exnovio, identificado como Tobías Villaruel, quien la amenazó en varias ocasiones, tras las cuales publicó un materia gráfico que exponía a la oficial.
Por este acoso, que denunció y que dio inicio a una carpeta de investigación en Asuntos Internos, Belén resultó muy afectada y la llevó a tomar la decisión de autodispararse en la cabeza.
Pese a que expresó un mensaje que alertó a sus compañeros, ellos no lograron impedir el intento de suicidio, por lo que sólo lograron trasladar a la joven ya lesionada al Hospital San Luis, un centro municipal de la provincia de Buenos Aíres.
Después de pasar cuatro días bajo observación y tras ser sometida a una cirugía, Belén perdió la vida, según información referida por el portal de Noticieros Televisa.
La madre de la víctima afirmó que Tobías Villaruel enfrentó un cargo por robo en 2018, y que de la muerte de su hija “tan culpable es esta lacra como todos aquellos que viralizaron” el video de la policía.
“Tobías Villarruel de la ciudad de Chivilcoy, el que viralizó fotos y videos de mi hija, hostigándola y amenazándola, hizo que ella terminara con su vida“, escribió la señora en su cuenta de Facebook.
Por el momento el agresor se encuentra detenido y bajo vigilancia de las autoridades. En tanto, la familia de Belén envió una solicitud al legislativo argentino en el que solicitó un proyecto de ley para castigar con penas las severas “la difusión no consentida de contenidos sexuales íntimos.”
Usuarios de redes sociales apoyaron esta petición y el 5 de diciembre, un día después de que la joven murió, se llevó a cabo una marcha para exigir justicia, así como la incorporación de las acciones de Villarruel como un delito penado con entre tres a ocho años de cárcel y otras multas.
