El conflicto en Magdalena Ocotlán, Oaxaca, ha alcanzado un punto crítico. Tras 26 días de tensión, habitantes de esta comunidad decidieron tomar el Ayuntamiento y bloquear la Carretera Federal 175 Oaxaca–Puerto Ángel. Dicha medida ya afecta a cientos de automovilistas y transportistas que transitan diariamente por esta vía clave del estado. El reclamo no solo va dirigido al presidente municipal, sino también al Gobierno estatal, a quien exigen una intervención inmediata.
“BASTA DE ATROPELLOS A NUESTROS DERECHOS COMO CIUDADANOS”
A través de un comunicado difundido en redes sociales el 3 de julio, los pobladores hicieron un llamado enérgico al titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO), José de Jesús Romero López, para que intervenga de forma inmediata.
“Hacemos un llamado enérgico al Secretario de Gobierno (…) para que a la brevedad posible atienda y dé solución a la problemática que acontece en la población de Magdalena Ocotlán”, señala el texto firmado por la Comisión de Ciudadanos nombrada en asamblea.
El documento denuncia que, desde hace casi un mes, la comunidad decidió tomar el palacio municipal por presuntos actos de corrupción, maltrato, omisión de información y abuso de poder por parte de las autoridades locales, encabezadas por el presidente municipal Misael Quintín Rosario Valencia.
SEÑALAMIENTOS DIRECTOS CONTRA FUNCIONARIOS LOCALES
En el mismo comunicado, los ciudadanos acusan directamente a varios miembros del cabildo municipal. Según relatan, el edil Misael Quintín Rosario Valencia habría incumplido con sus funciones; la síndica María Joaquina Sánchez Aquino, dicen, ha incurrido en malos tratos hacia la ciudadanía; y el regidor de Hacienda, Celestino Abel Vázquez Pérez, es señalado por su prepotencia.
“Exigimos revocación de mandato, por las actitudes de prepotencia y abuso de autoridad de estos servidores públicos”, señalan los habitantes.
Quienes además responsabilizan al Gobierno estatal por cualquier hecho violento que ocurra en la comunidad.
“Responsabilizamos al gobierno estatal de los acontecimientos violentos que se están viviendo en la población por parte del cabildo municipal”, advirtieron.
RECLAMO A FUNCIONARIOS ESTATALES POR OMISIÓN Y PARCIALIDAD
El enojo de la población también se dirige a funcionarios del Gobierno estatal que han participado en las mesas de diálogo. En el comunicado, los manifestantes señalan al licenciado Rosalino Cruz Santos, encargado del área de Fortalecimiento Ciudadano. Por supuestamente actuar en defensa del presidente municipal:
“Actúa en apoyo al presidente municipal violentando un derecho de los ciudadanos, al no tener la disponibilidad de solucionar este conflicto”.
Este señalamiento agudiza el clima de desconfianza hacia las autoridades, que para los pobladores han sido omisas e incluso cómplices en la perpetuación del conflicto.
UNA COMUNIDAD EN CRISIS Y UNA DEMANDA CLARA: SOLUCIÓN YA
La protesta de Magdalena Ocotlán no es reciente, pero la falta de respuestas concretas ha escalado la tensión. El bloqueo de la Carretera Federal 175 es una medida desesperada que ya afecta el tránsito y la economía local. Lejos de ser un reclamo aislado, refleja una problemática estructural: el abandono institucional, la falta de mecanismos de transparencia y la poca capacidad de interlocución entre gobierno y ciudadanía.
La situación, que se acerca a su primer mes sin solución, deja en evidencia una falla en la gobernabilidad local y la ausencia de canales eficaces para resolver los conflictos comunitarios. Mientras tanto, los pobladores reiteran:
“Exigimos una solución inmediata y la intervención del Gobierno”.
¿UNA LLAMA MÁS EN LA INESTABILIDAD MUNICIPAL DE OAXACA?
El caso de Magdalena Ocotlán no es único en Oaxaca, estado en el que los conflictos sociales y políticos a nivel municipal suelen prolongarse ante la falta de diálogo efectivo. El patrón se repite: autoridades cuestionadas, comunidades organizadas, bloqueos, toma de instalaciones y, finalmente, la presión mediática como último recurso para ser escuchados.
Finalmente, La atención inmediata y neutral del Gobierno estatal podría evitar que esta situación derive en mayores confrontaciones. Lo contrario solo confirmaría lo que los ciudadanos ya gritan: basta de impunidad y de atropellos.
