En 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) le asignó un presupuesto emergente por 51 millones de pesos para servicios personales y garantizar los servicios educativos.
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Los guardias de seguridad privada trabajan en condiciones poco favorables y con sueldos mínimos, además de carecer de capacitación por parte de las empresas.
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