El pastor Tito Mariano Méndez ha sido encarcelado en la agencia Montenegro del municipio Valle Nacional. Tras exigir el respeto a sus derechos humanos y libertad religiosa. Según Porfirio Flores Zúñiga, representante legal de la Confraternidad de Pastores Cristianos del Estado de Oaxaca (Copaceo), la familia del pastor sufrió la suspensión de servicios básicos debido a su negativa a vender cerveza en su domicilio para financiar las fiestas patronales. Una imposición de la asamblea del pueblo que contraviene los principios de su fe cristiana.
LOS HECHOS
Méndez, residente de una comunidad caracterizada por sus usos y costumbres y marcada por la alta marginación, fue designado por la asamblea para expender cerveza, un cargo que Flores Zúñiga calificó como “inventado”.
La queja del pastor fue presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), pero la respuesta de la autoridad local, liderada por Silvino Miguel Monterrey, fue ordenar el arresto tanto de Méndez como de su esposa, Abigail, dejando a sus tres hijos menores desamparados.
El pasado domingo, la asamblea del pueblo impuso a la pareja una multa de 10 mil pesos como condición para su liberación. Argumentando que la queja ante la DDHPO constituía una falta. Sin embargo, la familia no dispone de los recursos para pagar la multa. Por lo tanto continúan en prisión.
INTOLERANCIA RELIGIOSA
Flores Zúñiga denunció que la Dirección de Asuntos Religiosos del gobierno estatal, la Defensoría y los diputados locales de la zona están al tanto de la detención arbitraria, pero hasta ahora, al parecer, se han rehusado intervenir en este caso de intolerancia religiosa. El abogado advirtió que la intolerancia religiosa en Oaxaca persistirá si las autoridades no actúan para promover la libertad religiosa como un derecho humano fundamental.
Este caso pone de relieve la necesidad urgente de proteger y promover los derechos humanos y la libertad religiosa en las comunidades marginadas de México. Con ellos resaltando la importancia de la intervención gubernamental para prevenir abusos y garantizar la justicia.
