En un acto sin precedentes, los habitantes de San Juan Bautista Cuicatlán decidieron tomar justicia por sus propias manos y encarcelar a la Presidenta Municipal, Maricel Gaytán, junto a varios regidores. La medida fue tomada tras el presunto desvío de recursos por parte de las autoridades municipales, lo que ha generado una gran indignación entre la población.
LOS HECHOS
El descontento de los pobladores se reflejó en una imagen que rápidamente se volvió viral: la presidenta municipal descansando sobre la cama de concreto de la cárcel municipal, expuesta a las inclemencias del tiempo. Este cuadro ha sido interpretado como un símbolo del hartazgo de la comunidad hacia sus gobernantes. Quienes, según ellos, han fallado en invertir en obras públicas esenciales.
Por su parte, las autoridades estatales han tomado conocimiento del incidente y se han movilizado para iniciar un proceso de negociación que permita la liberación de la presidenta y los regidores, asegurando el respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, la tensión en la comunidad sigue siendo palpable.
Además, los pobladores han manifestado su frustración, alegando que han sido engañados repetidamente con promesas de inversión en infraestructura que nunca se han materializado. Esta situación ha generado una profunda desconfianza hacia la administración municipal. Que ha culminado en este acto de encarcelamiento.
SECRETARIO DE GOBIERNO REPRUEBA LAS ACCCIONES
Por otra parte, Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca, ha reprobado firmemente la acción tomada por los ciudadanos. A la calificó de juicio sumario inaceptable.
“Lamentamos el hecho de que se haya encarcelado a la presidenta municipal. La única forma de solucionar esta problemática es el diálogo”, declaró Romero López.
Además, hizo un llamado a la ciudadanía involucrada en los hechos para que recapacite y busque alcanzar acuerdos de manera civilizada.
Este episodio resalta las tensiones latentes en San Juan Bautista Cuicatlán. También, la necesidad urgente de restaurar la confianza en las autoridades locales. La comunidad, al parecer, no está dispuesta a tolerar más promesas incumplidas. Por su parte, el Gobierno Estatal se enfrenta al reto de mediar en un conflicto que ha sacudido profundamente a la región.
