Dos damnificados por la fuga de amoniaco en la población de Donají, en el municipio de Matías Romero, fueron denunciados formalmente por compañía Petróleos Mexicanos ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de privación ilegal de la libertad.
LOS HECHOS
De acuerdo con la empresa paraestatal, el delito se configuró el pasado 28 de diciembre de 2022. Ese día, alrededor de 300 pobladores de Donají decidieron retener a la presidenta municipal de Matías Romero, Obdulia García, así como a tres funcionarios de la empresa petrolera y a tres funcionarios estatales, conocido como ‘delegados de paz’. Dicha decisión fue tomada, ante lo que consideraron una nula respuesta, para solucionar la fuga y las afectaciones a la población y al medio ambiente.
DECISIÓN ANTE NULA RESPUESTA
Además, los inconformes manifestaron que, ciudadanos de las comunidades indígenas de Donají y Tolosita, en Matías Romero, así como Juno y José María Morelos y Pavón, de San Juan Guichicovi, llevaban 19 días viviendo en la comunidad de Palmares. Los cuales tuvieron que dejar sus hogares y sus bienes, para ponerse a salvo.
Por lo tanto, los quejosos durante la asamblea convocada por la presidente municipal de Matías Romero, determinaron retenerla junto a los tres enviados de Pemex y tres representantes del Gobierno Estatal. Los cuales fueron liberados horas más tarde.
LA DENUNCIA
En consecuencia, según fuentes oficiales, a solicitud de un agente del Ministerio Público de la Federación, se inició el acta legal OAX/000204/2023 en contra Isaías González Hernández y Jesús Sánchez San Germán. Éstos tendrán su audiencia inicial en enero de 2024.
Sin embargo, algunos de los lugareños de Donají pusieron de manifestó que no los funcionarios no habían sido privados de su libertad ni secuestrados. Y sólo querían que sus demandas fueran atendidas. Es por eso que, el pasado 28 de diciembre de 2022 emitieron un pliego petitorio a la paraestatal. El cual estaba dirigido a Francisco Javier García Gutiérrez, Jorge Hiram Betanzos Cabrera y Jorge Alberto Vásquez Valdivieso.
En el documento se exigía que, se revisaran los ductos que transportan amoniaco, gasolina y petróleo crudo. Así como también, la reparación de los daños ambientales. Además, solicitaron el apoyo social para las familias que, desafortunadamente, se quedaron sin trabajo e ingresos por la fuga de químico.
