En México hay una muy grave crisis de derechos humanos. Día a día, por todo el país, se conoce de violaciones y excesos que llegan a lo criminal, en contra de un principio elemental de respeto, solidaridad, legalidad y salvaguarda del ser humano.
Esta prerrogativa no es una dádiva, sino una responsabilidad social, puesta en la Constitución mexicana, la misma que los operarios de gobierno juraron cumplir y hacer cumplir. Sí, pero no.
Hay muchas formas para defender los derechos humanos. El primer instrumento para su amparo está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o por lo menos en su espíritu original a pesar del manoseo del que está siendo objeto por estos días… pero, bueno…
El asunto es que en México el tema de los derechos humanos está puesto en la mesa de las discusiones. En algunos otros países de una u otra manera se les respetan e intentan preservarlos tanto en las instituciones a su cuidado legal como los protocolos que se deben seguir y, sobre todo, se estimula a quienes se ocupan de promover su cumplimiento…
Da la casualidad de que en los países en los que con más frecuencia se violan es en los que el Estado de derecho es inexistente; en donde hay regímenes del tipo dictatorial o aquellos apartados de la legalidad y confrontados, es en los que con más frecuencia se transgreden.
En México estas violaciones son sistemáticas y al momento no hay una organización defensora de los derechos humanos que se ocupe en denunciar y establecer puentes de resguardo para eliminar prácticas dañinas y criminales.
Cada día el crimen organizado viola derechos humanos. Cada día la violencia está a la vista y ocurren tragedias y cuestan vidas. Con frecuencia se violan los derechos humanos desde los aparatos de gobierno que deberían atender la seguridad, la fiscalización del delito y la administración de justicia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hoy es prácticamente inexistente. Esto es así porque no existe la voluntad de gobierno para dar cauce a las quejas por los daños en contra de los muchos habitantes del país en todo el territorio nacional.
Con frecuencia las Comisiones estatales de derechos humanos están inermes frente a la avalancha criminal, la violencia y los abusos de gobierno…
Desde el 16 de noviembre de 2019 cuando por instrucciones presidenciales rindió protesta como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la señora Rosario Piedra Ibarra, la institución está a la deriva y con toda frecuencia mira hacia otro lado cuando ocurren violaciones que podrían impactar a la imagen del gobierno, como claramente ocurrió durante los abusos en contra de migrantes que quieren cruzar al país desde la frontera sur.
La falta de sensibilidad hacia los seres humanos es evidente en la actual CNDH a la vista de lo que ocurre en el país. La carencia de formación profesional para la tarea asignada y la ausencia de autocrítica hacen que la licenciada y maestra en psicopedagogía no cumpla a cabalidad esta tarea, lo que ya ha perjudicado grandemente a esta Institución y, en consecuencia a los mexicanos.
De hecho, cuando fue nombrada hubo una seria controversia pública para su elección. Hubo protestas por este nombramiento a todas luces inapropiado y porque su cercanía con el gobierno de la 4-T auguraba desde entonces una muy seria afectación a la autonomía de la CNDH.
El tema más reciente y con motivo de la pandemia de salud que nos agobia a todos los seres humanos, en el caso mexicano hay fenómenos que quedan a la vista como el de las desigualdades sociales para la atención de salud. O también que se incrementaron los casos de violencia contra mujeres en los espacios domésticos. Sin que la CNDH hubiera establecido protocolos de prevención y responsabilidades. La falta de medicamentos para enfermos graves es una violación a sus derechos humanos.
Human Rights Watch, en su informe para 2020 denuncia que las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Que la impunidad sigue siendo la norma. Que ha aumentado el número de desapariciones forzadas sin que se localice a la víctima e identifique a los responsables. Que no se ha proporcionado apoyo ni protección adecuada a los miles de solicitantes de asilo o de tránsito hacia EUA limitando su libre tránsito y conteniéndolos sin protocolos de derechos humanos.
Que es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal. Que apenas 1.3 por ciento de los delitos cometidos en México son resueltos. “Esto se debe a diversos motivos, que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y otros funcionarios abusivos.”, dice el informe de HRW.
Y mucho más en su informe. Un informe que estremece y que preocupa.
Los humanos merecemos respeto. Merecemos la preservación de nuestra vida, de nuestra tranquilidad y la convivencia productiva y en armonía. Ojalá que las llamadas de atención internas y externas al gobierno mexicano sobre la sistemática violación a los derechos humanos consigan que esto se contenga y que sean ciertos el Estado de derecho y el respeto a la Constitución mexicana.
