De pronto, así como si alguien hubiera mandado la señal; así como si alguien hubiera tronado el anular con el pulgar para dar la orden, comienzan a aparecer videos “filtrados” en redes sociales.
Son videos filtrados que –se dice- no forman parte de la investigación que se sigue en torno al caso de Emilio L.: Odebrecht, Agronitrogenados y más. Está bien.
Es parte de lo que suponíamos que ocurriría desde que aceptó su extradición de España a México, y en el momento mismo en que el presidente López Obrador dijo que ya había un acuerdo con el detenido. Luego se supo que éste se acogió al criterio de Oportunidad y convertirse en un ‘informante colaborador’.
De ahí que, pues al señor Emilio L., se le tuvieran todas las consideraciones conocidas, como esa de llegar de España y a pesar de ser requerido por la autoridad fiscal mexicana por la presunta comisión de delitos graves, no pisó ningún Reclusorio y fue enviado a un hospital privado para la atención de su salud, que se deterioró en el lapso de 13 horas que dura el vuelo de Europa a México. Las autoridades españolas dicen que allá estaba absolutamente sano.
Pero eso: la idea era la de que una vez que Emilio L., se acogiera al ‘Criterio de Oportunidad’ daría a conocer datos, nombres, fechas, lugares y santo y seña de la distribución de los recursos que están en el entredicho… Y como fue…
El 11 de agosto, el señor Emilio L., presentó una denuncia en la que señala directamente al expresidente Enrique Peña Nieto y a quien fue su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ‘de haber gestionado millonarios sobornos desde la campaña electoral de 2012’.
Ese día, en su mensaje público, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que los denunció porque, según esto, “le ordenaron repartir 100 millones de pesos en sobornos que habían obtenido de la constructora brasileña Odebrecht, en el marco de las elecciones de 2012.”
Y de ahí en adelante ‘la feria y su jugada’: El presidente de México insiste en que se dé a conocer de forma pública el contenido de un video que –dice- entregó Emilio L., en el que denuncia los actos de corrupción de distintos políticos: funcionarios públicos, legisladores… Aclara el presidente que debe hacerse con base a la ley, sin dañar el proceso.
Por supuesto días después de esta insistencia comenzaron a aparecer –‘como por arte de magia’- algunos videos en redes sociales. En particular alguno que trata de la entrega de recursos en pacas de dinero y se reconoce a quienes hacen esta entrega-recepción; además de que en otros hay la presunción de quienes recibieron dinero a manos llenas.
Por supuesto a la vista los videos son indignantes. Lo son porque, de ser ciertos, enfurece este tipo de enjuagues para llevar a cabo trabajos legislativos o de gobierno que dañan la vida de los ciudadanos mexicanos, así como su patrimonio. Políticos voraces que sí, de probarse lo ahí dicho, deberán someterse a la ley para que devuelvan el recurso y que reciban el castigo legal.
Como también es indignante que en momentos de tan grande crisis que vive el país, el gobierno de México se ocupe de desviar la atención de tal manera que intenta sustraer a los ciudadanos de la exigencia de solución al incremento desmedido de contagios y fallecimientos por la pandemia, además de la crisis económica que ya está encima y de la criminalidad incontenible…
Existe una extraña urgencia del presidente de México porque se hagan públicos los detalles de lo que va dando a conocer Emilio L. Son, de alguna manera, ‘videos de ensueño político’.
Opera que se prueben los dichos y se involucre a políticos que estaban en ese ‘ajo’ de cualquier partido político y no sólo de los adversarios electorales del actual gobierno. Y además que, con esto, no se dañe el debido proceso y salgan luego con que los defensores del presunto acusado consiguen la libertad del acusado por esta falla institucional.
Al dar a conocer el contenido de esta información –en caso de que se conozcan de manera oficial- el único beneficiario con ello no es la Nación, cuyos habitantes exigen justicia y que predomine el estado de Derecho bajo toda circunstancia, para castigar a quienes cometen actos de corrupción –en un periodo que se dice que lucha contra la corrupción-, que no haya impunidad –en un gobierno que dice que no habrá impunidad- y que se devuelvan los recursos…
Manipular la información de un proceso que debe ser legal, para darle uso político-electoral y para desviar la atención de los ciudadanos de los grandes problemas nacionales que agobian al país en este momento, también es dañino y configura una forma de corrupción política.
