Estamos a unos cuantos días de que, por grado o por fuerza, se lleve a cabo la Consulta para que mexicanos decidan si se enjuician delitos del pasado y si, con esto, podría enjuiciarse a ex presidentes de México con cola que les pisen: De Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto.
Pero nada, que para el domingo 1 de agosto el gobierno de la 4-T ha convocado a los “mexicanos y mexicanas” para que acudan a las urnas que para el efecto instalará el Instituto Nacional Electoral, embarcado en esta tarea; y ahí a solas con su alma política, cada uno decida “sí” o “no” a la pregunta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diseñó para el caso:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
De entrada la pregunta es complicada, ambigua, farragosa y con la intención de que, como la mamá que le mueve el copete al niño en tono afirmativo, “¿verdad que sí quieres de esta sopa?” así, sin alternativa. Esto para quienes vayan a decidir, que serán básicamente los llevados por los operarios de la 4-T que quieren demostrar al mundo su fortaleza, al viejo estilo priista.
Hoy mismo, funcionarios estrellas, estrellitas o asteroides de la 4-T han sido “instruidos” para “estimular” la asistencia al voto y, si se consiguen unos 37 millones de “sis”, hacer vinculatorio el resultado. (De no conseguirlo ya encontrarán en Palacio Nacional alguna forma de echarle la culpa a otros de su fracaso).
Pero esta pregunta que es así de ambigua como tendenciosa, tuvo un largo y todavía hoy sinuoso camino:
En noviembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, por entonces ya presidente electo, ofreció que llevaría a cabo una consulta ciudadana para enjuiciar a ex presidentes de México por delitos varios, principalmente por corrupción. Así que por entonces planteó la pregunta:
“¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga a ‘chivos expiatorios’ y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no?”.
Era muy burda. Así que los legisladores de Morena quisieron seguir la línea de presidencial y propusieron cambiar así el fraseo:
“¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.
Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados, pronto metió la cuchara para hacerse notar a ojos presidenciales y dijo que la consulta popular debería ser más precisa, así:
“¿Debe garantizarse el derecho a la verdad y la justicia del pueblo de México por los hechos de corrupción en que pudieron haber incurrido los expresidentes de la República mediante las investigaciones correspondientes, salvaguardando el debido proceso y la presunción de inocencia?”.
Pero nada. Luego el 15 de septiembre del año pasado el mismo presidente de México dio por hecho la consulta y proponía la pregunta:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Así que el objetivo central de la cuestión, que nos costará a todos los mexicanos 528 millones de pesos, es el enjuiciamiento a los ex presidentes, según el espíritu que da origen a la consulta, y no sólo a “actores políticos” del pasado, como hoy dice la pregunta que redactó la SCJN.
En todo caso resulta absurdo endosar a los mexicanos una decisión que debe tomarse desde la responsabilidad de gobierno si, en efecto, se conocen abusos, fraudes o dolos cometidos por “los actores políticos del pasado” que es decir “los ex presidentes”.
La aplicación de la ley no se consulta: se aplica, se promueve, se conduce a juicio a quienes se presuma que cometieron delitos y se prueba que así fue. Y sí, así todos –o la mayoría– lo queremos. Que se haga justicia y se aplique la ley, exacta, sin consultas ni demagogias.
Porque es demagógico y de alguna manera incongruente hacer una consulta para este motivo. Y lo peor es que participen en ello quienes se encargan de promover y administrar la justicia en el país. Y lo peor, también, es que a esta consulta serán llevadas las huestes cautivas de la 4-T, y así todo concluirá en “lo decidió el pueblo, yo no”. En una forma engañosa de hacer gobierno.
