A los gobiernos, de cualquier partido político, no les gusta que se conozcan sus actos de gobierno sospechosos.
En particular aquellos que puedan comprometer su estabilidad política y de poder; aquellos que dañen la imagen del gobernante o que lo pudieran exhibir como mal gobernante, corrupto o abusivo de poder; tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. Los grandes pecados del poder político.
Sí les gusta vanagloriarse de lo que consideran su buen gobierno, su probidad, su honorabilidad, su entrega en favor del pueblo y de la patria, según su propio discurso político y sus oficinas de comunicación social que para eso están, no para informar, sí para hacer propaganda de gobierno.
El discurso político en México está plagado de ocultamientos, medias verdades, mentiras, acusaciones a sus adversarios, descalificaciones y engaños, venganzas y traiciones. Pocas veces se atreven los gobernantes a decir la verdad de su gobierno punto por punto, lo bueno y los errores.
Así que cuando se conocen actos deleznables, luchan en contra de quienes se atreven a decir lo que pasa y lo que ocurre en la función pública.
Y la gente de a pie quiere saber qué se hace con sus recursos; cómo se están manejando sus impuestos; la recaudación que se hace día a día a dónde va a parar y si se está haciendo buen uso del resultado del trabajo de todos.
Una buena idea fue la de crear un Instituto autónomo que garantizara, a todos, el acceso a la información pública y haciendo operativo el artículo 6º Constitucional por el que todos los ciudadanos de México tienen derecho a la información.
A través de esta dependencia, que sólo serviría a los ciudadanos, se podría informar sobre tal o cual inversión, contratación, negociación, gasto, costo, beneficios o pérdidas de los recursos públicos, y se garantizaría la protección de los datos personales de todos en México.
Así que se creó el INAI, que era el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Fue fundado el 11 de junio de 2002, aunque comenzó a operar a partir de junio de 2003. Luego, en 2014, tras una reforma constitucional se le otorgó autonomía y mayor capacidad para garantizar su tarea informativa y de transparencia.
De esta forma los ciudadanos mexicanos estábamos al tanto de los asuntos de gobierno con facilidad, con agilidad y con buena información. Información que servía para normar criterio y así poder tomar decisiones políticas en democracia. Porque el INAI era una institución democrática, por y para la democracia.
Era una forma de contener los abusos de políticos y funcionarios públicos de abusos y corruptelas. No sólo en el ámbito federal, también para los estatales y municipales: La transparencia como síntoma democrático.
Si. Pero no. Durante su campaña para aspirar a la presidencia en 2018, Andrés Manuel López Obrador prometió que el suyo sería el gobierno “más transparente de la historia”.
Pero resulta que de pronto él mismo, ya como presidente, inició una campaña feroz en contra de los órganos autónomos del país; aquellos que garantizarían probidad y buen gobierno en distintos espacios de la vida pública. Pero sobre todo en contra del INAI, al que acusó de oneroso, de falto de probidad y dispendio.
Al final consiguió desaparecer al INAI. ¿Por miedo a la verdad política y de gobierno? ¿Para ocultar actos de gobierno que estuvieran fuera de la ley? ¿Para negar al ciudadano el derecho que tiene a saber qué tipo de gobierno nos gobierna? ¿Para ocultar dispendios y mala administración?
En el sexenio anterior, que se jactaba –y se jacta aun hoy- de democrático y de izquierda, selló de forma arbitraria información que desde Palacio Nacional se consideraba de “alta seguridad nacional”, sin serlo.
Muchas de las megaobras de gobierno se sellaron por años para que los ciudadanos no conozcan datos de su gasto, su operatividad, su productividad, el daño causado a la ecología o al erario.
Como ocurrió ya antes durante el gobierno de AMLO en la Ciudad de México, cuando selló la información del enorme gasto, el cómo, con quién y por qué de las obras del segundo piso del Anillo Periférico.
No suficiente con eso, ahora se selló y se desactivó al INAI. Y se crean instancias de gobierno para otorgar “la misma información”, pero casualmente operada desde ese mismo gobierno.
Esto es: el gobierno, enemigo de la verdad y de la información cierta, es ahora el que controlará la información de gobierno y tendrá en sus manos el control de los datos personales.
El 12 de mayo entró en funciones “Transparencia para el Pueblo”. Un órgano desconcentrado, con autonomía técnica. Esta oficina se encargará del acceso a la información pública, mientras que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá la protección de datos personales. Ambos dependientes del gobierno federal.
Pero, bueno. Con todos los candados que le quieran poner a la transparencia indispensable en democracia, no serán suficientes para conocer, tarde o temprano, lo que necesita saber un país cuyos habitantes aspiran a la información cierta, sin ocultamientos ni mentiras. Ni más, ni menos.
