Diálogo vencido y no pagado

Nuestro orden jurídico ha sufrido con nuestra lucha por encontrar identidad nacional; por encontrar patria. Es tan extenso y trascendental el contenido del artículo 2º Constitucional, que ciertos estudiosos se atreven a referirse a él como una Constitución dentro de la Constitución. Esto pone en evidencia los contrastes de nuestro elemento colectivo “identidad”, incluso en el orden jurídico. Heredamos el dolor de una pugna histórica entre lo que fuimos y aquello en lo que nos quisieron convertir.

El reciente acercamiento de la comunidad Otomí residente de la capital del país al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no es nada menos que paradigmático. Se buscó una mesa de diálogo para exigir el cumplimiento eficaz de sus derechos y en específico, de una intervención estatal útil frente al problema de vivienda urbana al que se enfrentan. Al desarrollar el diálogo con las autoridades, la comitiva exigió la participación de funcionarios federales y de la Ciudad de México, con lo cual se asegura el despliegue de una acción verdaderamente coordinada entre órdenes de gobierno, en caso de llegar a puntos de acuerdo.

Debemos concebir esta interacción como legítima, desde ambas perspectivas. El Instituto, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, está obligado –en términos de la Ley que lo rige– a dialogar y cooperar tanto con pueblos y comunidades indígenas, como con las entidades federativas y municipios a efecto de implementar política pública. Más allá de la tregua mediática, sus comunicaciones oficiales no aportan a la construcción de la solución jurídica.

Por su parte, la comunidad peticionaria, a pesar de la toma de las instalaciones, es asistida por la razón histórica y jurídica de fondo. Hacer un examen exegético de la conducta de toma de las instalaciones nos puede llevar a un sendero de mayor conflicto y distanciamiento práctico, en este caso concreto.

El conjunto de imposiciones al Estado Mexicano en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas presupone el reconocimiento de una deuda histórica basada en opresión y desigualdad, pero sobre todo, de garantía de conservación y subsistencia de su cosmovisión. Una de las principales exigencias de la comunidad presente en el INPI, relativa a su derecho a una vivienda digna, merece un estudio paciente en sus cuestiones de Derecho por parte de las autoridades. La irregularidad de los inmuebles que hoy refieren los ha orillado a condiciones precarias en la vía pública, inseguridad jurídica y actos discriminatorios, lo que a largo plazo supone una amenaza contra su supervivencia cultural misma.

Los procesos del Gobierno de la Ciudad de México al momento de regularizar los inmuebles, no son obstáculo para, de manera simultánea, ordenar, habilitar y regularizar otros espacios que permitan un goce efectivo de su derecho a una vivienda digna, con la subsistencia colectiva que lleva aparejado. 

Las prerrogativas previstas por el artículo 2º constitucional y por el Convenio 169 de la OIT, deben interpretarse por la autoridad de manera extensiva, en el sentido de que sus actuaciones sean desplegadas en protección integral de sus titulares.

Las inscripciones constitucionales, jurisprudenciales y convencionales nos dan directrices y fines lúcidos, pero parecemos olvidar constantemente que nuestro valor idiosincrático reside, en buena parte, en nuestra diversidad y pluriculturalidad primigenia.

Es digno de reconocimiento el valor de esta comunidad para hacer frente al aparato público y exigirle que desempeñe sus atribuciones como le corresponden. En nuestros imaginarios optimistas de Nación, es idóneo que reclamos como los aquí referidos asuman el rol de faros de liderazgo y empoderamiento a todas aquellas comunidades indígenas que no tienen más que la pretensión diaria de supervivencia. La apertura política de nuestros tiempos parece dar vehemencia a más sectores poblacionales para relativizar y enfrentar a la figura Leviatánica del Estado Mexicano.

*Estudiante de la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho.

Twitter: @richievidales