A Rosario Robles le hicieron dos cargos nuevos la semana pasada: el de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Esto, sumado a los cargos que ya se le presumen y que son el delito de dos veces ejercicio indebido del servicio público ‘que le imputó la Fiscalía General de la República (por lo cual está detenida), al no denunciar ni evitar el desvío de 5 mil 73 millones de pesos del erario desde las dependencias que encabezó.’ significaría un larguísimo proceso de defensa y muchos años de encierro para ella: De encontrarse culpable, según la ley, pasaría prácticamente toda su vida en la cárcel… Y no quiere…
Durante meses se había resistido a aceptar lo que parecía una oferta tentadora: acogerse al “criterio de oportunidad”; una figura jurídica que la llevaría a obtener beneficios legales durante su proceso a cambio de información acerca de los delitos por los que se le denuncian. Esto es:
‘El criterio de oportunidad es una figura jurídica que está establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una competencia del Ministerio Público, y está regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Dicho Código establece en su Artículo 218 que el Ministerio Público podrá desistirse de ejercer la acción penal de la persona imputada, siempre y cuando haya un criterio de oportunidad que haya sido debidamente justificado.
Asimismo, el Artículo 256 establece los casos en los que el criterio de oportunidad podrá ser otorgado a la persona que enfrenta un procedimiento judicial, los cuales son de distinto orden y bajo condiciones específicas.’
En caso de que a Rosario Robles se le otorgue el criterio de oportunidad, el cual deberá ser autorizado por el Fiscal General de la República, se extinguirá la acción penal en su contra, siempre y cuando comparezca y rinda testimonio y aporte información sobre el caso por el cual es juzgada.
Este ‘criterio de oportunidad’ fue el que negoció desde su detención en España el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue vinculado a proceso por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, y quien una vez que llegó extraditado a México el 17 de julio pasado, fue enviado a un hospital para su atención médica y luego ha seguido su proceso desde su domicilio.
Durante semanas los dichos de Lozoya fueron ‘bombas’ políticas utilizadas por el gobierno federal y luego contenidas una vez que se conoció el caso de Pío López Obrador.
Otro que solicitó acogerse al ‘criterio de oportunidad’ el 2 de noviembre pasado, fue Emilio Zebadúa, ex oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y principal operador financiero en las gestiones del servicio público de Rosario Robles. Es pieza clave para el caso de la “Estafa Maestra”.
Zebadúa ofreció ser ‘testigo colaborador’ para garantizar su propia seguridad legal en libertad al dar a conocer las operaciones de desvíos de recursos y señalar nombres.
Así que esta vez ‘el agua llegó a los aparejos’ y Rosario Robles, que se había resistido a acogerse a esta figura legal, ha decidido formar parte de la lista de nombres que ya están en esta circunstancia. El resultado está por conocerse en su caso, pues todavía debe llevarse a cabo un procedimiento…
De ser aceptado, muy probablemente pronto podrá llevar a cabo su proceso desde su domicilio, pero a cambio desgranó nombres, hechos, beneficiarios y razones de lo que se le presume.
El tema es que cada vez más funcionarios parecen estar interesados en incorporarse a este procedimiento, de tal forma que al saberse involucrados quieren llevar su propia fiesta en paz a cambio de lo que saben y de sus propias actuaciones… Y así que todos se acusan, unos a otros, y luego, como si nada. La Ley a cambio de revelaciones negociadas.
No está mal, pero tampoco es conveniente que quienes hubieran cometido algún delito, que se les hubiera probado y que hubieran retenido recursos, salgan con beneficios que escapan al rigor de la ley cuando ésta se hubiera violado. Convertirse en delatores les acarrea beneficios a ellos, la autoridad conoce a quienes estuvieron en los asuntos que atiende y todos contentos…
¿Y los recursos? ¿Y el delito cometido en caso de que así fuera probado en ley? ¿En qué punto estamos de la justicia? ¿Y los mexicanos qué recuperamos?
Es cierto que en el caso de la señora Robles parece haber una especial dureza y predilección por demostrar que la ley es pareja. Pero también es cierto que bajo ninguna circunstancia la ley debe funcionar como arma política, como punta de lanza y como advertencia para quienes pudieran ser enemigos o adversarios políticos.
Veremos si todos estos ‘testigos colaboradores’ de veras contribuyen en conocer los intríngulis de los delitos que se les presumen, y que quienes los hubieran cometido no se conviertan –todos- en ‘testigos colaboradores’ pues a este paso ninguno será sometido al imperio de la ley en tanto que la información pasaría a ser utilizada para fines electorales y políticos, lo que sería antidemocrático y contrario al espíritu de la Ley.
