Rosario Robles ¿Ley y justicia?

“Es un logro que no haya impunidad” dijo la mañana del 13 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que, más temprano ese día, se conoció la decisión del juez del caso quien determinó vincular a proceso a Rosario Robles Berlanga y determinar a su ‘prisión preventiva oficiosa’ por dos meses…
Y sí, es bueno que no haya impunidad, ni en este caso ni en ninguno en este país. Es justamente una de las razones por las que los mexicanos decidieron cambiar las cosas y votaron hasta en un poco más de 30 millones para conseguir ese cambio en la lucha contra la corrupción en México.
Pero habían pasado los meses de este gobierno y no se conocía el resultado de esa campaña tan cantada y tan reiterada desde el proceso electoral y ya desde julio 2 del año pasado cuando el actual presidente asumió responsabilidades del tipo Ejecutivo en el país. Así mismo como presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018.
Lo de la corrupción es un tema que cala fuerte en un país en donde este fenómeno de comportamiento no corresponde sólo a funcionarios de gobierno, o políticos o empresarios o comerciantes: involucra a una gran mayoría de mexicanos que han visto en la famosa “simplificación administrativa” –mordida- una forma de ser y de solucionar. Todo aquí parece estar contaminado.
En el caso de las señora Robles Berlanga se trata de un tema magno que roza lo jurídico de la investigación en un asunto denominado “La estafa maestra” por la que se presume un quebranto patrimonial al erario público de 5,073 millones de pesos que estaban destinados desde 2012 para abatir la pobreza en el país… Y también es evidente un tono político de calado profundo…
Ya se ha dicho que los delitos por los que se investiga a la señora Robles deben ser probados y llegar a las consecuencias que la misma ley tiene establecidos. Todavía hasta la comparecencia del 8 de agosto se dijo que el tema era por ‘omisión’ al no informar a quien era el titular del Ejecutivo de México por entonces: Enrique Peña Nieto. Lo que podría configurar el delito de “ejercicio indebido del servicio público”.
Y todavía ese día se anunció una “suspensión provisional” que impedía su detención, en tanto entregara pruebas en descargo de lo que se le acusa y que no ameritaran arresto.
Y se citó para el lunes 12 de agosto a las 18 horas a fin de llevar a cabo este descargo. A las seis de la mañana del día siguiente, martes 13 de agosto, el juez dictó a la señora Robles ‘vinculo a proceso y detención provisional por dos meses’ -nueve semanas- en las que tendrá que probar que sí informó a Enrique Peña Nieto y para evitar que se fugue.
Más allá de que, en efecto todos –o casi todos- en México queremos que se haga justicia y que se atraiga al imperio de la ley a todos –todos- los involucrados en la famosa “estafa maestra”, también es cierto que este proceso tiene un evidente tono político, toda vez que tiene que ver con una cuenta pendiente del Presidente de México…
… Con quien fuera su gran amiga, su apoyo político desde el PRD, su impulsora para llegar a ser Jefe de Gobierno del D.F., y luego, por azares del destino su gran enemiga porque es ella a quien se supone que filtró los videos hechos por el empresario Carlos Ahumada en la entrega de dinero a René Bejarano, luego denominado “el señor de las ligas”.
Y con esta denuncia que impactó la carrera política de López Obrador quedaba en el aire una presunta traición que parece que hoy mismo se paga con este procedimiento que, ojalá, se lleve a cabo en base a la ley y no por un impulso político que tiene que ver con la venganza…
… Sin olvidar, tampoco, que lo que vimos en aquellos videos era, en sí mismo, la comisión de un presunto delito de corrupción que, de no conocerse por esos videos, todos seríamos ignorantes de lo que ocurrió ahí. ¿Fue malo conocer lo que ocurría? ¿Debía ocultarse? ¿Dañaba una carrera política y por lo mismo hubiera sido mejor el silencio? ¿Se castiga a quien pudo haberlos expuesto?
En todo caso sí; importa mucho que se proceda en ley y se cumpla su mandato justo. Ley y justicia juntas. Pero también es indispensable que se conozca en dónde están o en dónde quedaron esos 5 mil 073 millones de pesos, que son muchos pesos y que con ellos pudo solucionarse la vida de tantos mexicanos, de sus familias y su vida en un proceso de arranque hacia otro estatus.
¿Quién se quedó con estos recursos? ¿En dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Para qué fines se utilizaron? ¿Electorales? ¿Personales?… Precisamente uno de los objetivos de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la de decirnos en dónde está el dinero, tanto como saber quiénes hicieron uso de éste.
Recuperar esas cantidades para la Hacienda mexicana es indispensable. Y si se usó para fines comiciales, entonces está en problemas el Instituto Nacional Electoral (INE) quien se supone que fiscaliza los gastos de partidos políticos y candidatos en procesos electorales.
Y, también, es importante que se dirima la responsabilidad del ex presidente Enrique Peña Nieto y de José Antonio Meade, a quienes dice la señora Robles que informó de lo que ocurría, así como también de otros más que presuntamente firmaron contratos directos como Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes, según se ha dicho. En fin. Ya veremos.